El parlamento de Cataluña debate el inicio del proceso de secesión de España

La resolución "declara solemnemente el inicio del proceso de creación del estado catalán independiente en forma de república" que, según los planes independentistas, se proclamaría en 2017, tras celebrar un referéndum para aprobar la constitución del nuevo país.

El texto se debate desde las 10H00 (09H00 GMT) en el parlamento regional y cuenta con el fuerte rechazo de toda la oposición que lo considera ilegal y antidemocrático, ya que un 52% de los votantes de los últimos comicios no apoyaron las opciones independentistas.

Sin embargo, los dos grupos independentistas de la cámara, la transversal coalición Juntos por el Sí, del presidente en funciones Artur Mas, y la izquierda anticapitalista de la CUP, harán valer la mayoría absoluta en escaños tras las elecciones regionales del 27 de septiembre.

"Damos inicio a un nuevo Estado", aseguró el diputado de Juntos por el Sí, Raül Romeva, en su turno del debate. "Para nosotros es principalmente un acto de ruptura", añadió por su parte la diputada de la CUP, Anna Gabriel.

Esta unión sobre la resolución no se traduce sin embargo en un acuerdo para escoger al nuevo presidente catalán. El principal candidato es Artur Mas pero necesita del apoyo de la CUP, que lo rechaza por su liberalismo y los escándalos de corrupción en su formación CDC.

Por la tarde se iniciará el debate al respecto y las posiciones se mantienen muy alejadas. Si no hay acuerdo antes del 9 de enero, la región deberá celebrar nuevas elecciones.

Desde Madrid, el gobierno español de Mariano Rajoy anunció que impugnará de inmediato la resolución ante el Tribunal Constitucional. Su aceptación a trámite por parte del tribunal implicaría su suspensión automática. Los independentistas "no van a romper nada", aseguró Rajoy este sábado.

Rajoy cuenta con el beneplácito del partido socialista PSOE y del centroliberal Ciudadanos, con cuyos líderes se reunió la semana anterior para forjar un pacto antisecesión antes de embarcarse en la precampaña de las elecciones legislativas del 20 de diciembre.

Sólo el partido de izquierda Podemos se desmarcó, defendiendo un referéndum de autodeterminación para resolver este conflicto que marcará la campaña y la próxima legislatura.

La propia resolución ya anuncia en uno de sus puntos que el parlamento regional "no se supeditará a las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional".

"Esto ya no tiene freno, si no es hoy, será mañana, si no somos nosotros, serán otros", aseguró Romeva.

La resolución incluye un llamamiento a blindar los derechos fundamentales de la sociedad (como vivienda, sanidad o educación), a renegociar la abultada deuda de la administración pública y a iniciar inmediatamente la construcción de una administración tributaria independiente.

Ante tal desafío, inaudito en la democracia española, el gobierno español aprobó recientemente una reforma del alto tribunal que le permitiría inhabilitar a aquellos dirigentes que desobedezcan sus sentencias.

Además, plantea desde hace semanas la posibilidad de suspender la autonomía catalana y, recientemente, el ministro de Hacienda amenazó con cortar la financiación al gobierno regional, que acaba de pedir 2.300 millones de euros de liquidez para afrontar pagos pendientes.

Esta declaración culmina una escalada de tensión entre Barcelona y Madrid desde 2010, cuando el Tribunal Constitucional recortó ampliamente las competencias adquiridas por Cataluña en un estatuto regional aprobado en 2006, frustrando las aspiraciones de un mayor autogobierno dentro de España.

El independentismo, antes minoritario, creció exponencialmente a la sombra de la crisis económica y desde 2012 reclamó insistentemente un referéndum sobre la independencia de esta región de 7,5 millones de habitantes y con una quinta parte de la riqueza española.

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