Las Palmas de Gran Canaria.- El portavoz en Canarias de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Salvador Alba, ha expresado hoy su satisfacción por el fallo absolutorio del Tribunal Supremo (TS) sobre el ex presidente de la Audiencia de Las Palmas José Antonio Martín.
Alba, en declaraciones a Efe, sin embargo, se ha mostrado prudente porque aún desconoce el contenido de la sentencia y sigue abierto un expediente disciplinario sobre Martín por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que deberá resolver si cometió una falta disciplinaria o no, es decir, "si quebrantó sus deberes o no".
El portavoz de la APM, asociación a la que pertenece Martín, ha asegurado además que la reincorporación a la Audiencia de Las Palmas de José Antonio Martín no tendría que generar una situación incómoda entre los compañeros, pues son muchos los jueces que han sido expedientados o tienen abiertos expedientes.
Alba ha recordado que anualmente el CGPJ impone un porcentaje muy elevado de sanciones a los jueces en relación a otros cuerpos afines al Ministerio de Justicia, porque tiene un servicio de inspección que actúa en defensa de la carrera judicial y del interés del ciudadano.
Así mismo, ha afirmado que para él no sería "incómodo" su regreso y ha indicado que podría hacerlo si el CGPJ no estima procedente aplicar una medida sancionadora, pues el proceso penal ha tocado a su fin y no hay otra razón para que no se reincorpore.
En cuanto a si esta sentencia puede causar una sensación entre la opinión pública de que los jueces son intocables, Alba ha manifestado que se pude pensar eso, pero desde la APM siempre se ha defendido que un juez no tiene más privilegios o prerrogativas que cualquier otro ciudadano ante un proceso penal.
"Nosotros confiamos en la presunción de inocencia de Martín y nada más", ha señalado el portavoz de la APM en Canarias.
Para Alba, debe quedar claro que los jueces constituyen un colectivo con unos deberes "muy férreos y con un compromiso con la sociedad", y su incumplimiento puede dar lugar a una sanción que puede ser desde una multa a la expulsión de la carrera judicial.
Alba ha considerado que el ciudadano no debe pensar que por el hecho de ser una sentencia absolutoria se ha dado un trato de favor a nadie, él fue juzgado con todas las garantías como cualquier otro ciudadano y ahora queda pendiente que se pronuncie el CGPJ.
El portavoz de la APM y magistrado de la Audiencia de Las Palmas ha recordado que en el caso de Martín existen propuestas de sanción y, por tanto, hay posibilidades de que prosperen.
El pleno del CGPJ debe decidir sobre ellas y es de esperar que no se demore su decisión, según Alba, quien ha señalado que la próxima reunión plenaria será en el mes de febrero.
Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Antonio Castro, ha declinado pronunciarse sobre la sentencia, que además ha dicho que aún la desconoce, y ha indicado que habrá que esperar a que el pleno del CGPJ se pronuncie sobre la situación de Martín,
El magistrado Javier Varona, quien emitió un voto particular en la sentencia condenatoria del TSJC de Jose Antonio Martín porque entendía que debía ser absuelto, tampoco ha querido valorar el pronunciamiento del Supremo porque ha dicho que no lo conoce, y ha manifestado que no está ni "satisfecho ni insatisfecho".
La comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó por unanimidad abrir un expediente disciplinario al ex presidente de la Audiencia de Las Palmas José Antonio Martín Martín al ser investigado por supuestos favores judiciales en el ejercicio de su cargo.
El expediente fue incoado de acuerdo con la propuesta del Servicio de Inspección del CGPJ por tres posibles faltas disciplinarias muy graves.
El CGPJ acordó además la suspensión provisional de las funciones de José Antonio Martín como presidente de la Audiencia de Las Palmas el pasado el pasado 19 de enero de 2006.
El TS, tras celebrar una vista pública ayer, en la que el fiscal solicitaba la confirmación de la condena, ha absuelto a José Antonio Martín del delito de actividades prohibidas a funcionarios al favorecer a un narcotraficante, por el que fue condenado a un año y medio de suspensión y al pago de una multa de 7.000 euros, según han informado hoy fuentes del Alto Tribunal.
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