El PP dice que los sindicatos son contrarios al Área Única para defender a sus liberados

Madrid.- El portavoz de Sanidad del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, Javier Rodríguez, ha considerado hoy que el "enfado" de UGT y CCOO por la implantación del Área Única sanitaria en la región no se debe a su intención de defender a los ciudadanos sino "a los derechos de los liberados".

En un comunicado hecho público tras la reunión que los líderes sindicales madrileños, José Ricardo Martínez (UGT) y Javier López (CCOO), han mantenido con la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, el diputado popular se ha preguntado por qué en regiones donde gobiernan los socialistas "nadie reclama nada y, en cambio, a Madrid sí".

Rodríguez se ha referido así a las provincias de Barcelona, donde existe un Área Única Sanitaria que cuenta con 5,4 millones de personas, y de Sevilla, donde este Área atiende a un millón de pacientes.

Respecto a la decisión del Ministerio de Sanidad de estudiar la posible incompatibilidad de la Ley madrileña de Área Sanitaria Única con la Ley General de Sanidad, el diputado popular se ha preguntado cómo es posible que tarden tres meses en revisarla cuando sólo tiene tres artículos.

"Esto demuestra -ha dicho- la manera de actuar del Ministerio, que me temo que es igual de mala que la actuación del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero".

El portavoz de Sanidad del PP ha subrayado en el escrito que una de las prioridades del Gobierno regional es "consolidar una sanidad pública, gratuita y de calidad".

Por su parte, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) ha considerado que la medida anunciada hoy por la ministra de Sanidad da respuesta a la solicitud que esta Federación remitió al Gobierno el pasado 20 de enero.

Para el responsable de Sanidad de la federación vecinal, Pepe Cabanillas, el Área Única que el Gobierno regional pretende implantar comprende una población "24 veces superior al máximo permitido" por la Ley General de Sanidad, dificultará la gestión de la sanidad pública y empeorará la calidad de la asistencia sanitaria.