El pp obtiene el respaldo de ciu y pnv en la reforma de la ley de financiación de partidos

CiU y PNV se sumaron este miércoles al PP para aprobar en el Congreso de los Diputados la reforma de la ley que regula la financiación de los partidos políticos, mientras que el PSOE confirmó su abstención y UPyD y La Izquierda Plural votaron en contra.
La reforma se aprobó en los mismos términos en los que salió del trámite de Comisión y será sometida a debate y votación en el Senado, donde algunos grupos mantendrán vivas sus enmiendas.
El PSOE se abstuvo en la votación final porque, según explicó José Enrique Serrano, hay cuestiones importantes que han quedado pospuestas a futuras reformas “que aún no conocemos” y porque más allá de promover medidas legales es necesario dar explicaciones de los casos que se producen y no refugiarse “en el silencio o la ignorancia”.
La “maldición que empaña” las decisiones sobre corrupción, alertó, no es un “fátum que llueve desde el cielo” sino una “lenta pero inexorable llamada de atención” de la Justicia.
Montserrat Surroca argumentó el apoyo de CiU porque se avanza “de forma sustancial” en un mayor control y transparencia de la financiación, pero alertó de que sigue pendiente el debate de fondo sobre el modelo para asegurar recursos suficientes a los partidos.
Su grupo sigue apostando por incentivar la participación ciudadana en esa financiación mediante micromecenazgos que cuenten con incentivos fiscales, sobre todo si, como hace esta ley, se limitan las fuentes públicas y privadas. CiU insistirá también en la necesidad de resolver la deuda histórica de las formaciones políticas.
En nombre del Grupo de IU, ICV-EUiA, Cha: La Izquierda Plural, Ricardo Sixto aseguró que no quiere ser “comparsa” de una ley que considera parte de la campaña de publicidad iniciada por el PP.
Pese a reconocer que se han hecho “mejoras” en la legislación, desgranó algunas cuestiones que se han quedado pendientes, como la prohibición de donar bienes inmuebles, la creación de una comisión para la racionalización del gasto electoral, o que las subvenciones sean en función de los votos y no de los escaños.
Además, lamentó que no haya habido intención alguna de corregir la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) y sus efectos “perversos” en la representación política de los ciudadanos.
El portavoz de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, se debatió entre abstención o voto en contra de su grupo porque a pesar del “verdadero interés por llegar a un consenso” en el trámite de ponencia no se ha alcanzado “el fondo de la cuestión” y se han quedado en el tintero cuestiones que “preocupan” a su partido.
Reiteró la defensa de un “régimen mixto” de financiación pública y privada de los partidos políticos. Lo que hace la ley, criticó, es limitar y “desincentivar” la privada y primar la pública pero con la “trampa” de vincularla a la representación obtenida por el partido, lo cual supone una “barrera de acceso insalvable” para muchas formaciones pequeñas, y una vulneración del principio de igualdad de oportunidades.
Denunció además el “trilerismo legislativo” del PP al derivar la financiación ilegal a la reforma del Código Penal, donde “se ha avanzado algo” respecto a lo anterior pero “ha quedado muy desdibujado” hasta el punto de que será “muy difícil poder actuar” en casos más allá de los ya conocidos.
Acusó por todo ello al PP y al Gobierno de promover reformas “enmarañadas” cuyo resultado final no resuelva el problema de fondo de la corrupción.
En nombre del PNV, Aitor Esteban reconoció que la comisión de delitos de corrupción será “mucho más difícil” y también será “mucho mayor” el control y la sanción para quien lo consiga. Sin embargo, insistió en que la lucha contra esos comportamientos tiene mucho de “ética personal y colectiva”, de los mensajes y de las “medidas ejemplarizantes” de los partidos y de sus dirigentes.
Cree que el problema de fondo sobre el modelo de financiación se ha afrontado solo “parcialmente” porque no se garantiza que haya recursos suficientes, y se mostró convencido por ello de que el debate “no está cerrado” y habrá que volver sobre él en pocos años.
Alfred Bosch, de ERC, llamó a los partidos a tomar “decisiones colectivas” más allá de la legislación, como la renuncia a coches oficiales, viajar “como la gente normal” o ganar sueldos “razonables”.
Rafael Larreina, de Amaiur, reiteró que la reforma altera el principio de igualdad de oportunidades entre los partidos e incluye medidas restrictivas del derecho a la participación política, algo “inadmisible” desde el punto de vista democrático.
“Las libertades nunca se defienden recortando libertades”, sentenció Larreina, que volvió a tender la mano de Amaiur para “construir la paz y la convivencia” y aparcar lo que considera “dinámica de la venganza” por parte del Gobierno.
Carlos Salvador, de UPN, mantuvo vivas algunas enmiendas para aumentar el control del gasto, y Francisco Álvarez Sostres, de Foro Asturias, anunció su abstención por entender que la ley no contiene suficiente “valor ejemplarizante” de los cargos públicos para asegurar un “comportamiento ético”.
Joan Baldoví, de Compromís-Equo, reconoció avances pero “insuficientes” en una ley que queda “paticorta y partidista” y no evita comportamientos como el de Luis Bárcenas y el de los dirigentes del PP, que después de veinte años de confiar en él como tesorero se refieren a él como “esa persona”.
Acusó al PP de haber ganado elecciones “con transfusiones generosas de financiación ilegal” y reiteró que el Tribunal de Cuentas no puede fiscalizar las cuentas de todos los partidos y sus fundaciones con solo veinte funcionarios.
Ana Oramas, de Coalición Canaria, también opinó que los avances “no son suficientes”, por lo que espera “continuidad” de los trabajos, y Olaia Fernández, del BNG, lo tachó de “puro humo” por entender que no se puede decir que se lucha contra la corrupción si no se expulsa a los corruptos o incluso se les mantiene en sus cargos públicos.
El portavoz del PP, Carlos Floriano, planteó la reforma como un plan integral contra “quienes no respetan la nobleza que hay en el ejercicio del servicio público” y con la premisa de que la corrupción “no entiende de épocas, de ideologías ni de partidos”.
El objetivo conseguido, sentenció, es “ponérselo imposible” a quienes se quieran corromper, “castigarlo más duramente” si consigue hacerlo, y obligar a devolver lo robado.
Floriano apostó por distinguir entre los corruptos, “los que queremos terminar con la corrupción”, y “aquellos que no quieren terminar con la corrupción sino utilizarla para conseguir réditos electorales”, y señaló a UPyD como quienes pueden estar en ese último lugar.
Lo esencial, dijo, es enviar un mensaje muy claro del Parlamento a los ciudadanos, en el sentido de que se da una respuesta “nítida y contundente” a la corrupción: “vamos a terminar con ella”.