El PSOE pide una comisión de investigación "pública" en la Diputación de León

  • El PSOE ha pedido la creación de una comisión de investigación "pública y abierta" en la Diputación de León ante la detención de su presidente, Marcos Martínez Barazón, y la imputación del interventor, Manuel Jesús López, por su presunta pertenencia a una trama de cobro de comisiones ilegales.

León, 29 oct.- El PSOE ha pedido la creación de una comisión de investigación "pública y abierta" en la Diputación de León ante la detención de su presidente, Marcos Martínez Barazón, y la imputación del interventor, Manuel Jesús López, por su presunta pertenencia a una trama de cobro de comisiones ilegales.

Con esta propuesta reflejada en una moción, los socialistas han reclamado que esta comisión permita a todos los ciudadanos "acceder de manera directa a toda la información ante la enorme gravedad de los hechos", ha apuntado hoy el grupo socialista en un comunicado.

En su moción, los socialistas han pedido que el pleno de la institución "apruebe constituir una comisión de investigación o comisión informativa especial sobre las adjudicaciones y contrataciones en todas las áreas y dependencias de la Diputación".

Desde la dirección del PSL-PSOE y el grupo socialista en la Diputación se ha apuntado que el fundamental "abrir las puertas y las ventanas del Palacio de los Guzmanes a toda la sociedad leonesa".

"Abrir la Diputación, limpiarla totalmente y construir un nuevo proyecto impulsado desde la base social es el principal objetivo que se persigue desde el PSOE leonés", han afirmado.

El grupo socialista en la Diputación de León ya había anunciado ayer que exigirá la constitución de una comisión de investigación en la institución provincial tras la detención de su presidente por presunta corrupción política en una trama de cobro de comisiones ilegales.

La Operación Púnica, dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y la Fiscalía Anticorrupción, se ha saldado de momento con la detención de decenas de implicados y la imputación de 51 personas, todos ellos ediles, funcionarios y empresarios de la construcción y de empresas de servicios energéticos, acusados de cobrar y pagar comisiones ilegales por la adjudicación de obras y servicios.

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