El secretario de estado de servicios sociales visita cocemfe

El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno Bonilla, acompañado por el director de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, Ignacio Tremiño, la subdirectora general de Participación y Entidades Tuteladas, Mercedes Jaraba Sánchez; y la directora general de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, Carmen Pérez Anchuela, visitó este jueves la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) y su Fundación para conocer las instalaciones de su Centro de Atención Integral en Madrid y las oficinas de los Servicios Centrales de la Confederación.

Durante el recorrido han estado acompañados por el presidente de Cocemfe, Mario García quien ha solicitado a Moreno que "interceda ante las Comunidades Autónomas para que liquiden la deuda de 38,5 millones de euros que tienen con las entidades miembros de Cocemfe”.
En este sentido el presidente de Cocemfe ha pedido al secretario de Estado su “apoyo a estas organizaciones que están asfixiadas y cada día tienen más dificultades para proporcionar unos servicios que son imprescindibles para mantener la salud y calidad de vida del colectivo”.
Asimismo, Mario García ha reclamado en la reunión “que no se sigan recortando las políticas sociales de las personas con discapacidad puesto que supondría el fin de las mismas”.
García ha recordado que “cuando nadie se encargaba de atender al sector de las personas con discapacidad, las organizaciones ya trabajaban por el colectivo. Tenemos que seguir en esa línea de colaboración, llegando donde no llega la Administración, porque sin apoyos no podemos hacer nada”.
Asimismo, el máximo representante de Cocemfe ha expuesto la preocupación de la entidad por el futuro de la Ley de Autonomía Personal y Dependencia; por las medidas adoptadas en materia de Sanidad, como el copago farmacéutico, el transporte sanitario no urgente y la prestación ortoprotésica.
También se refirió a la Ley de Propiedad Horizontal, que, a su juicio, “a pesar de que esta normativa se reformó recientemente, el sector considera que es insuficiente y en la que hay que incidir para que nuestra gente no quede recluida en sus casas”.