El Senado estudia retocar la reforma penal para manteros, corruptos y proxenetas

Madrid.- La Comisión de Justicia del Senado debate el próximo miércoles las enmiendas que las fuerzas políticas han presentado a la reforma del Código Penal, que plantean, entre otras cosas, suprimir las multas para el "top manta" y endurecer los castigos para la corrupción y el fomento de la prostitución.

Así, una de las enmiendas de Entesa Catalana de Progrés -grupo formado por los senadores de PSC, ERC e ICV-EUiA- propone suprimir las sanciones económicas, y no sólo la pena de cárcel, para los "manteros" que vendan CD's y DVD's piratas en la calle cuyo beneficio no supere los 400 euros.

La Entesa considera positivas las modificaciones introducidas por el Congreso en la reforma del Código Penal para que los "manteros" no vayan a la cárcel, pero cree que mantener las multas puede suponer que acaben cumpliendo penas de prisión.

Su enmienda recuerda que al castigarse estos hechos como falta y no como delito les corresponde una pena de localización permanente de cuatro a doce días o una multa de uno a dos meses.

El juez podrá elegir entre ambas, pero ante la falta de domicilio fijo de muchas de estas personas optará previsiblemente por la sanción económica, de forma que muchos "manteros" se encontrarán con la dificultad que supone pagar esa sanción y, además, afrontar primero las indemnizaciones a las sociedades de gestión como exige la SGAE.

A juicio de la Entesa, esto abre la posibilidad de que acaben en la cárcel, por lo que propone que la multa se sustituya por trabajos en beneficio de la comunidad.

CiU, sin embargo, defiende que este tipo de conductas sigan siendo delito, y así lo plantea en una de sus enmiendas, ya que considera que su conversión en faltas significa un absoluto "desarme procesal y policial para poder contener la defraudación con productos piratas".

El grupo catalán quiere también reforzar la persecución del "proxenetismo" y la trata de mujeres con fines de explotación sexual.

Para ello, propone penas de dos a cuatro años de cárcel para quienes se lucren explotando la prostitución de otra persona, incluyendo en este grupo a los dueños, gerentes, administradores o encargados de locales en los que se ejerza la prostitución.

En el capítulo de la corrupción, la Entesa y el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas (GPSN) solicitan la creación de un nuevo delito de cohecho pasivo impropio, el que se imputa por ejemplo al presidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps por aceptar regalos de la "trama Gürtel".

El nuevo delito, denominado "cohecho de facilitación", serviría para sancionar el comportamiento de funcionarios públicos que acepten dinero o dádivas que les fueran ofrecidos en consideración de su cargo, pero sin necesidad de que la aceptación de dichos regalos vaya dirigida a la consecución de un acto ilegal.

Sería una nueva modalidad de cohecho que perseguiría las gratificaciones a las autoridades públicas para conseguir su buena disposición de cara a posibles actuaciones futuras.

Estas son algunas de las 280 enmiendas que se debatirán el próximo miércoles cuando la Comisión de Justicia comience a estudiar el proyecto de ley orgánica de reforma del Código Penal remitido por el Congreso y que el Gobierno quiere tener aprobado antes del verano.

El PSOE no ha presentado ninguna enmienda, mientras que el PP vuelve a plantear las que ya rechazó el Congreso para, entre otras cosas, introducir en nuestro sistema penal la "cadena perpetua revisable" y ampliar la imprescriptibilidad de los delitos de terrorismo con resultado de muerte también a los que causen lesiones.

Por el contrario, el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas -del que forma parte el PNV- coincide con la Entesa en solicitar que se elimine esa "imprescriptibilidad" y que se suprima la libertad vigilada revisable de hasta 10 años que se ha incluido en el proyecto del Gobierno para terroristas y delincuentes sexuales reincidentes una vez que han cumplido la pena.