El Senado rechaza que se prohíba pagar a condenados por aparecer en televisión

El Congreso aprobó antes del verano una proposición no de ley de Coalición Canaria que instaba a las televisiones a no pagar por entrevistas a condenados por la justicia con sanciones económicas pendientes ni a sus allegados, así como a autorregularse para erradicar tales lucros.

Sin embargo, transcurrido este tiempo, esos pagos se han seguido produciendo, y por eso Coalición Canaria ha vuelto a llevar este asunto al Parlamento, en este caso como moción en el Senado.

La moción, debatida este miércoles en la Comisión Constitucional, instaba al Gobierno a la adopción de “cambios normativos para ilegalizar cualquier tipo de pago o prestación” por parte de las televisiones a personas condenadas o imputadas o sus familias.

El senador de CC Narvay Quintero dijo que desde que se aprobó la proposición en el Congreso el pasado 27 de junio, “muchísimos programas han seguido contando con muchísimos delincuentes que están condenados y que no han pagado sus deudas con la justicia, por lo que se han lucrado en programas de televisión. Así ha ocurrido hace poco con Ruiz Mateos, que hace menos de un mes participó en un programa de televisión muy conocido y al que han pagado una cifra escandalosa por relatar sus hazañas delictivas”, aseguró.

Quintero remarcó que la proposición no de ley aprobada en la Cámara Baja se limitaba a expresar su rechazo a esta práctica y a invitar a las cadenas a la autorregulación.

“Hay que ir más allá", subrayó. "No se puede permitir que se continúe premiando con sustanciosos emolumentos a delincuentes condenados por contar directamente en televisión sus particulares versiones sobre los delitos que cometieron, sin que conste que se hayan restituido en las arcas públicas las cantidades robadas o las multas e indemnizaciones impuestas”.

El resto de grupos de la oposición apoyó la moción, pero no el PP. Su portavoz, Tomás Burgos, dijo que el Congreso fijó una posición hace muy poco en favor de la autorregulación de las cadenas y nada ha cambiado en estos tres meses. El PP insiste en que estos pagos a condenados son un asunto que “le preocupa”, pero el ordenamiento jurídico vigente no permite esa prohibición.