La invasión militar de Rusia en Ucrania tiene indudables consecuencias personales, sociales y económicas. Pero también jurídicas. Muchas de las personas que, antes del estallido de la guerra el pasado mes de febrero, huyeron del país y solicitaron asilo político en España han visto denegadas sus peticiones, después de que la Administración y los tribunales consideraran que no cumplían los requisitos para acceder a las garantías que ofrece tal condición. No obstante, el conflicto armado ha hecho que los trámites pertinentes se modifiquen y la Justicia ampare a estas personas.
En este sentido, el Tribunal Supremo ve necesario analizar la guerra de Ucrania antes de decidir si exiliados que hace tiempo pidieron el asilo político deben regresar a su país de origen en las circunstancias actuales. Por ello, ha admitido a trámite, al menos, casi una treintena de recursos formulados por ucranianos contra las sentencias que avalan las decisiones previas de las administraciones públicas que denegaron dichas solicitudes. Según ha podido consultar La Información, se trata de resoluciones dictadas por la Audiencia Nacional y Tribunales Superiores de Justicia en 2020 y 2021 relacionadas con peticiones formuladas en años anteriores, algunas incluso en 2018.
Todo ello se debe a que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal dictó el pasado 31 de marzo una providencia en la que acordó la admisión a trámite de este tipo de recursos para la formación de jurisprudencia, debido a las circunstancias excepcionales que se viven y en virtud del artículo 90 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (LJCA).
Así, según consta en los distintos autos de admisión a trámite del Tribunal Supremo, los magistrados de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo analizarán la "incidencia" que tiene la orden de los ministerios de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; de Asuntos Exteriores; y del Interior, aprobada el 9 de marzo, por la que se amplía la protección temporal a personas que buscan refugio en España a causa del conflicto en Ucrania, conforme a la decisión adoptada en el Consejo de Europa cinco días antes.
Esta norma se elaboró para poder garantizar que las persona desplazadas obtienen un número de identificación y permiso temporal de residencia, además de acceso a educación y formación profesional, ayudas sociales, alojamiento adecuado y atención médica. Pero lo cierto es que las peticiones de asilo se han intensificado en los últimos ochos años con motivo del conflicto que estalló en abril de 2014 en el este de Ucrania, entre el ejército ucraniano y los separatistas prorrusos. Gran parte de estas solicitudes han sido denegadas por el Ministerio del Interior o Delegaciones del Gobierno y confirmadas por los tribunales, si bien el criterio ha cambiado en los últimos meses según ha empeorado la situación.
Las peticiones de asilo se han intensificado en los últimos ochos años con motivo del conflicto que estalló en abril de 2014 en el este de Ucrania.
Cambio de postura
El primer órgano en mostrar el cambio de postura fue la Audiencia Nacional, que tan solo un día después de la invasión de Rusia dio protección subsidiaria a una familia ucraniana, aunque le denegó el asilo solicitado en 2020. Los magistrados entendieron que Ucrania no puede garantizar en estos momentos su seguridad, al existir riesgo de que sufran daños graves. Ahora es el turno del Tribunal Supremo para revisar esta situación. De hecho, algunos de los recurrentes son exiliados que los tribunales han avalado su expulsión de España y la prohibición de volver a entrar en territorio nacional durante varios años, tal y como consta en los recursos.
Los tribunales no son los únicos que han acelerado sus procedimientos para prestar ayuda a estos ciudadanos. Con el objetivo de agilizar los trámites para obtener los 'papeles' de residencia temporal y resolver todas las dudas legales que puedan surgir, el Consejo General de la Abogacía Española ha fomentado la colaboración de letrados repartidos por todo el territorio nacional para prestar asistencia jurídica gratuita. Asimismo, ha activado un formulario para que los abogados de extranjería puedan recoger pruebas de crímenes de guerra cometidos por Rusia, recabadas en sus entrevistas con refugiados ucranianos residentes en España, y remitirlos a la Corte Penal Internacional.
También la exfiscal general del Estado, Dolores Delgado, ordenó la apertura de diligencias de investigación ante la posible "existencia de víctimas de nacionalidad española". Así, encomendó la dirección de esta tarea al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, para la " identificación" de las mismas, así como "la determinación y concreción de los hechos" que les pueda afectar.
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