La Audiencia Nacional busca refuerzos. El incremento de peticiones de asilo en el último año ha provocado que la Sala de lo Contencioso-Administrativo de dicho órgano judicial esté al borde del colapso. Una situación que va camino de empeorar con motivo de la invasión rusa en Ucrania, ya que está generando una avalancha de este tipo de solicitudes por parte de los desplazados de dicho país. Por el momento, los magistrados de la mencionada Sala han advertido del elevado número de recursos que tuvieron entrada en 2021 en materia de asilo y refugio, por lo que han solicitado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) una "medida de refuerzo excepcional", que dure como mínimo dos años, para rebajar la carga de trabajo.
La petición de 'auxilio' ya se lanzó a finales del año pasado después de que el Servicio de Inspección del CGPJ detectara el incremento notable de entrada de recursos sobre dicha materia. Así, el presidente de dicha Sala, Eduardo Menéndez Rexach, solicitó un magistrado de refuerzo para cada una de las ocho secciones que forman la Sala de lo Contencioso-Administrativo con el objeto de reducir de forma sustancial la pendencia existente, pues, a fecha de 30 de junio de 2021, el 66,4% del total de asuntos que se acumulaban estaban relacionados peticiones de nacionalidad, asilo y refugio.
Ahora, la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, reunida el pasado 28 de marzo, ha estudiado esta reclamación y ha trasladado al órgano de gobierno de los jueces (en funciones) la necesidad "inmediata" de contar con más personal ante la previsión de que los recursos relacionados con asilo y protección cada vez será mayor. De hecho, el órgano judicial advierte de que se trata de "una situación estructural y no puntual", pues el incremento de entrada de estos asuntos se viene notando ya "de manera creciente y estable" en los dos últimos años.
Lo cierto es que el último acuerdo de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional no hace mención expresa a la invasión de Ucrania por Rusia, pues las medidas se solicitaron antes de que Vladimir Putin ordenara, el pasado 24 de febrero, el inicio de una "operación militar" en el país que preside Volodímir Zelenski. No obstante, diversas fuentes jurídicas consultadas por La Información apuntan que el refuerzo solicitado será de gran ayuda ante la avalancha de peticiones de asilo de los refugiados ucranianos que en los próximos meses empezará a ser notorio en la Audiencia Nacional.
Por el momento, el Gobierno ha previsto un plan de choque sin precedentes para tramitar con la mayor celeridad el reconocimiento de protección temporal y autorización de permanencia provisional para los desplazados que lo soliciten. Para ello, el Consejo General de la Abogacía Española ha fomentado la colaboración de letrados repartidos por todo el territorio español para prestar asistencia jurídica gratuita a los refugiados. En esta línea, el Gobierno ha previsto otorgar a un número de identificación y permiso de residencia temporal, así como una serie de ayudas, a ciudadanos ucranianos que pertenezcan a unos determinados colectivos, por lo que es necesario que la Policía Nacional haga una comprobación de la documentación acreditativa.
Más peticiones desde 2014
Así, cualquier discrepancia con las resoluciones que se adopten pueden terminar siendo impugnadas, primero ante el Ministerio del Interior y después en los tribunales, indican las fuentes jurídicas consultadas. Asimismo, cabe destacar que la Sala de lo Contencioso-Administrativo tiene pendiente de resolución numerosos recursos de peticiones de asilo de ucranianos que el Ministerio del Interior denegó antes de la reciente invasión por parte de las tropas rusas. Desde abril de 2014, con el estallido del conflicto entre el ejército ucraniano y los separatistas prorrusos en el este de Ucrania, este tipo de solicitudes al Gobierno español se han ido intensificando.
Tanto el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska como la Audiencia Nacional -órgano judicial con competencia en este ámbito- rechazaron las reclamaciones al entender que no había quedado establecida la existencia de persecución, ni de una problemática susceptible de protección conforme a lo prevenido en la Convención de Ginebra de 1951. Sin embargo, el criterio de los magistrados ha cambiado en este último mes según se ha ido agravando la situación. La primera resolución en la que se constató el 'cambio de rumbo' fue el pasado 25 de febrero en el que rechazó el asilo a una familia que lo solicitó en 2018, pero le otorgó protección al entender que el retorno de estas personas a su país de origen no es viable, ya que "no se puede garantizar la protección en ninguna zona del país".
Así las cosas, la Audiencia Nacional exige el refuerzo para "evitar el colapso" y que se produzca una "situación anómala en el futuro inmediato por el aumento desmesurado de estos recursos últimamente aparecido". Según se expone en la propuesta recogida en el acuerdo de la Sala de Gobierno, la medida consistiría en la designación -tras superar una convocatoria oficial- de ocho magistrados, en comisión de servicio sin relevación de funciones, para constituir una o dos secciones dedicadas "en exclusiva" a la recepción y tramitación de esos asuntos y con la idea de que cada uno de los jueces dicten al menos 10 sentencias cada semana. Un objetivo ambicioso que, para hacer efectivo su cumplimiento, irá acompañado de otras medidas de refuerzo aprobadas en áreas concretas de la jurisdicción contencioso-administrativo o en la civil.
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