El Supremo da la puntilla a la doctrina Parot

Laura Camacho y Sagrario Ortega

Madrid, 12 nov.- Menos de 200 palabras y una sola página le han bastado al Tribunal Supremo para darle la puntilla a la doctrina Parot, un criterio que él mismo estableció hace casi ocho años y que hoy ha enterrado al avalar que sean la Audiencia Nacional y las provinciales las que decidan excarcelar a los presos a los que se les aplicó.

La decisión ha frustrado las esperanzas que algunas víctimas del terrorismo habían depositado en el alto tribunal para que la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo no fuera aplicada de forma inmediata, a fin de retrasar la salida de la cárcel de sanguinarios etarras y peligrosos terroristas.

Hasta el Ministerio del Interior, por boca de su subsecretario, Luis Aguilera, se mostró el pasado sábado "esperanzado" en que el Tribunal Supremo minimizara el fallo del TEDH y atendiera a la petición de la Fiscalía de que ejecutara parcialmente la doctrina Parot.

A ella se llegó en 2006 cuando, consciente de la alarma social que podía crear la salida de la cárcel de históricos etarras con sangrientos atentados a sus espaldas, el Supremo estableció, en repuesta a un recurso del terrorista Henri Parot, que los beneficios penitenciarios no se aplicaran sobre el cumplimiento máximo de la pena, sino sobre el total de las condenas, lo que suponía un alargamiento de la estancia en prisión.

La sentencia de Estrasburgo ya enmendó la plana al Supremo el pasado 21 de octubre. Le dejó claro que en el caso de la etarra Inés del Río la doctrina Parot era contraria a la ley y ordenó su excarcelación.

Como ella, más de medio centenar de etarras y una quincena de violadores y asesinos con más de tres condenas se verán beneficiados del fallo de la corte europea, hasta tal punto de que la Audiencia Nacional ya ha puesto en libertad a once etarras.

Entre ellos, al autor de la matanza del Hipercor en la Ciudad Condal, Domingo Troitiño, mientras que la Audiencia Provincial de Barcelona ha ordenado excarcelar al violador reincidente Antonio García Carbonell, de 76 años.

Ni siquiera las audiencias esperaron a la reunión de hoy, que ya había sido anunciada, de la Sala de lo Penal del Supremo, que ha aprovechado su resolución para dar "un toque" al Parlamento, al que invita a que fije los criterios de aplicación ante futuras sentencias de Estrasburgo.

Los grupos parlamentarios deberían ahora tomar nota, toda vez que han llegado a la corte europea recursos que finalmente han condenado a España, como el que dictaminó que España violó el derecho a un juicio equitativo del coronel Juan Alberto Perote, en relación con los llamados "papeles del CESID".

O el que resolvió que el exjuez Javier Gómez de Liaño no tuvo un juicio independiente e imparcial cuando una Sala del Supremo lo condenó en 1999 por prevaricación en el caso Sogecable.

No le han dolido prendas al Supremo a la hora de "recular" y volver a la situación anterior al 28 de febrero de 2006, fecha de nacimiento de la doctrina Parot.

Todo apunta a que el proceso se acelere y los tribunales vayan paulatinamente dejando en libertad a los reclusos afectados, como podría hacer este viernes la Audiencia Nacional en su tercer pleno dedicado a ver las peticiones de excarcelaciones.

No obstante, y como en cualquier proceso judicial, las partes todavía pueden presentar un recurso de casación ante el Supremo, con pocas posibilidades de prosperar a tenor de la decisión de hoy del alto tribunal.

La derogación de la doctrina Parot ha supuesto una bocanada de aire fresco para el colectivo de presos etarras y de la izquierda abertzale, que ven en ello un paso esencial para que la banda dé el definitivo: la entrega de las armas.

Mientras tanto, los reclusos de ETA, aún divididos, mantienen el debate entre continuar con la línea dura de no ceder ni un ápice en sus reivindicaciones de acercamiento a las cárceles y los que apuestan por sumarse a los beneficios penitenciarios que el Gobierno puso en marcha con poco éxito, que se sepa, hasta el momento.

Precisamente, algunos presos mantienen en la cárcel de Morón de la Frontera (Sevilla) una huelga de hambre para demandar un cambio de clasificación y pasar del primer grado a módulos de respeto, lo que significaría mayor contacto con el resto de los reclusos y mayor estancia en las zonas comunes y los patios, entre otras ventajas.

A algunas asociaciones de víctimas, como la AVT, la aceleración en la aplicación de la sentencia de Estrasburgo ha remachado la "traición" de los poderes públicos hacia este colectivo, pero desde otros ámbitos se evalúa de forma distinta y, ante lo irremediable, prefieren el "cuanto antes mejor".