El Supremo rebaja la pena al asesino de Caballero y del subteniente Casanova

Madrid, 18 dic.- El etarra del Alberto Viedma, que asesinó al concejal de UPN Tomás Caballero y al subteniente Francisco Casanova, cumplirá un máximo de 30 años de prisión y no 40 como le impuso la Audiencia Nacional aplicando de manera indebida el cumplimiento íntegro de la pena, según ha sentenciado el Supremo.

El Tribunal Supremo ha publicado una sentencia hoy en la que acepta el recurso del etarra, que actuaba en el Comando Nafarroa y cuya argumentación, que apoyaba el fiscal, califica la sentencia de "incuestionable".

La Constitución prohíbe que las leyes penales desfavorables para el reo tengan efecto retroactivo, recuerda el alto tribunal, mientras que "resulta patente" que eso es lo que hizo la Audiencia Nacional, al aplicar al etarra la reforma del Código Penal que fija en 40 años el cumplimiento efectivo de la pena.

"Los hechos por los que fue condenado, de indudable gravedad, ya que se trata de asesinato terrorista, homicidio terrorista, pertenencia a banda armada e intento de homicidio terrorista, lo fueron, en los cuatro casos, en fechas anteriores" (años 1998 y 2000) a la vigencia de la citada reforma, de 2003, recuerda el alto tribunal.

La Audiencia Nacional dictó un auto en el que acumulaba las penas y señalaba el cumplimiento máximo de 40 años de prisión, ante lo cual recurrió la defensa del terrorista, porque se le aplicaba una ley no vigente en el momento en que cometió los delitos y una disposición sancionadora con efectos retroactivos.

"Procede la íntegra estimación del recurso", responde el Supremo ahora.

Alberto Viedma Morillas está condenado por los asesinatos del subteniente del Ejército Francisco Casanova (agosto de 2000) y del concejal de UPN Tomás Caballero (mayo de 1998). Además, está condenado por intentar asesinar con una bomba-lapa al subteniente José Díez Pareja.

El terrorista ha utilizado antes con éxito las garantías constitucionales del Estado de Derecho, pues el Tribunal Constitucional (TC) le concedió el amparo en 2008 y ordenó a un juzgado de Madrid que reabriera la investigación que archivó en 2004 para determinar si sufrió torturas durante su detención, que se produjo dos años antes en Pamplona (Navarra).