El supremo se pronunciará en julio sobre los recursos de la fiscalía contra la excarcelación de narcos

El Tribunal Supremo se pronunciará sobre los recursos de la Fiscalía Antidrogas y de la Audiencia Nacional en contra de la excarcelación de narcotraficantes en aplicación de la reforma de la Justicia Universal durante el próximo mes de julio, según indicaron a Servimedia fuentes del Alto Tribunal.
La decisión que tome el Supremo es decisiva porque establecerá los criterios a los que que deberán atenerse todos los jueces a la hora de decidir sobre la aplicación de la nueva norma y el archivo de las casusa abiertas.
Desde la aprobación de esta reforma con los únicos votos del PP el pasado mes de marzo, cinco de los seis jueces de instrucción de la Audiencia Nacional con investigaciones de Justicia Universal abiertas se han negado a archivar las causas y han ordenado, además, la libertad de medio centenar de narcotraficantes porque, a su juicio, la nueva ley provoca un vacío legal que impide proceder en su contra.
Los jueces explicitan así su rebelión contra una reforma que se aprobó en el Parlamento el pasado mes de marzo por el procedimiento de urgencia, sin consultas ni debate previo, y que supone limitar las competencias de los jueces españoles en materia de Justicia Universal.
El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ya avanzó en su comparecencia de mayo ante la Comisión de Justicia del Congreso que el órgano de gobierno de los jueces se pronunciará antes de las vacaciones de verano sobre la reforma de la justicia universal aprobada por el Gobierno. Lo hará en su informe consultivo sobre el anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que incluye la polémica modificación legal que ha abierto la puerta a la excarcelación de narcotraficantes internacionales y cuya aprobación está prevista para el próximo 26 de junio.
El CGPJ abordará el análisis del reformado artículo 23 de la LOPJ, que limita la jurisdicción universal condicionado por el hecho de que el Gobierno eligió la fórmula de la proposición de ley presentada por el Grupo Popular, lo que evitó que el Ejecutivo tuviera que pasar por el trámite de pedir los pertinentes informes a los órganos consultivos de jueces, fiscales y al Consejo de Estado. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, se ha pronunciado en varias ocasiones en contra de introducir cambio alguno en la nueva regulación de la jurisdicción universal, desde la aprobación de la reforma.
La limitación de la jurisdicción universal se fraguó en sólo cuatro meses, entre octubre de 2013 y el pasado mes de enero, a raíz de la imputación y la orden de detención que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno emitió contra el expresidente chino Jiang Zemin sobre el caso del genocidio en el Tíbet. Esta resolución causó un hondo malestar entre las autoridades de Pekín, que solicitaron al Gobierno español una solución al problema.
Gallardón quiere que los análisis del CGPJ no se conviertan en un debate político sobre la Ley de Justicia Universal y pretende que se espere al fallo del Tribunal Supremo sobre los recursos de la Fiscalía contra la excarcelación de narcotraficantes. Sin embargo, las decisiones de los distintos jueces y de la Sala de lo Penal de la Audiencia se suceden semana tras semana refrendando la continuidad de las investigaciones sobre la muerte de Couso, el genocidio del Tibet, la matanza de indígenas en Guatemala o las excarcelaciones de narcotraficantes.
El pulso que están librando los jueces no deja indiferente al Gobierno, cuya vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, instó a los tribunales en rueda de prensa tras un Consejo de Ministros a cumplir la ley. Gallardón, por su parte, viene diciendo que “no puede confundirse falta de jurisdicción con impunidad” y afirma que los jueces españoles tienen mecanismos para que cuando se intercepta a presuntos delincuentes a los que no se puede juzgar, se les pueda poner a disposición del país competente.
Esta situación hace, si cabe, más urgente que el Supremo establezca un criterio unificado para estos casos, cosa que, según fuentes del Alto Tribunal. podría hacer en el mes de julio.
La Fiscalía Antidrogas ha presentado un recurso ante el Supremo contra la excarcelación de 13 narcotraficantes en aplicación de la reforma de la Justicia Universal, adoptada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en el que argumenta que esta medida no fue acorde con la Constitución y los tratados internacionales. El fiscal señala en su recurso que la competencia de la jurisdicción española viene avalada por la Ley Orgánica del Poder Judicial.