El TS olvida la rebelión y condenará por sedición a los políticos del procés

El Tribunal Supremo va a sentenciar la semana que viene a los políticos del procés por un delito de sedición, contra el orden público establecido, por entender que a pesar de todos los hechos acaecidos entre septiembre y octubre de 2017, no se tenía la intencionalidad de llegar a la independencia de Cataluña por la fuerza. Tras cuatro meses de deliberaciones, los siete miembros de la Sala Segunda presididos por Manuel Marchena han descartado la rebelión, como pedía la Fiscalía, y se han alineado con la Abogacía del Estado, que solo vio sedición en los hechos analizados. 

Según han confirmado fuentes jurídicas conocedoras de las deliberaciones de los siete magistrados del Tribunal, la discusión se centró en ver si los imputados fueron los promotores o instigadores de la violencia que pudo darse en todo el proceso, dado que se consideraba una condición básica del tipo delictivo de la rebelión, que les habría llevado a unas condenas de entre 15 y 25 años de cárcel. Dos de los magistrados llegaron a plantear ante la Sala la opción intermedia de la conspiración para la rebelión, que permitía aplicar unas penas menos dura, pero mantenía que los hechos fueron algo más que un delito contra el orden público. Finalmente, el presidente del Tribunal, Manuel Marchena, quiso que, en cualquier caso, la decisión fuera por unanimidad, con lo que en las deliberaciones posteriores se decidió redactar una sentencia basada en la mera sedición. 

A falta de acotar los últimos flecos, que se añadirán al fallo final el próximo lunes, el borrador de la sentencia que ahora se maneja establece sedición y malversación de fondos públicos para nueve de los acusados, tal y como pedía la Abogacía del Estado: el exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras; los consejeros Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa; la expresidenta del Parlament Carme Forcadell; y Jordi Sánchez (ANC) y Jordi Cuixart (Ómnium Cultural). Todos ellos están a punto de cumplir ahora dos años de prisión preventiva y tendrán que afrontar una pena total que puede ser de entro 8 y 15 años, sobre todo si se considera como agravante que el delito lo cometieron en su calidad de autoridades públicas.

La sedición se regula en el artículo 544 del Código Penal, se aplica a quienes se alcen "pública y tumultuariamente" para impedir "por la fuerza o fuera de las vías legales" el cumplimiento de las leyes o el ejercicio de las funciones a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público.

Para los otros tres imputados que están en libertad -Meritxell Borrás, Carles Mundó y Santiago Vila-, la sentencia plantea por el momento un delito de desobediencia, por lo que no caerá sobre ellos ninguna pena de prisión y todo se quedará en inhabilitación para cargo publico y posibles multas. 

Si el lunes se confirman todos los extremos de esta sentencia, que han saltado a la opinión pública en plena fiesta de las Fuerzas Armadas, habrá que atender a los condicionantes que se impongan en la condena para saber cuál va a ser el futuro procesal y penitenciario de los políticos imputados. Los magistrados no descartaban, como pedían algunas acusaciones, la imposición de una obligación genérica de que los reos cumplieran al menos la mitad de la pena antes de poder acceder a alguno de los beneficios penitenciarios establecidos. 

Ese extremo tendrá que ser confirmado el lunes, pero de no ser así, como parece que apuntan las fuentes jurídicas consultadas, los presos podrán obtener esas ventajas cuando tengan cubierta la cuarta parte de su pena, como marca la regla general. Si consideramos que llevan dos años en prisión preventiva, dependiendo de las penas que a cada uno de ellos, con el reglamento penitenciario en la mano pueden obtener un segundo grado ampliado (dormir en prisión pero salir a la calle durante el día) prácticamente en la próxima primavera. 

Desde el Tribunal Supremo, que oficialmente no ha confirmado la sentencia -"no podemos confirmar algo que todavía no existe"- se advierte no obstante que todavía no se ha cerrado nada. Es más, desde el entorno del Supremo se advierte el gran malestar que existe entre los magistrados por las filtraciones que está habiendo de un fallo tan importante como el del procés, de forma que no se descarta que este lunes, cuando se vuelva a reunir la Sala Segunda con Marchena al frente, alguna de las posturas cambie e incluso que se de algún voto particular, algo que el presidente siempre ha querido evitar.