Madrid.- El Tribunal Supremo (TS) ha acordado de nuevo no autorizar al ex militar argentino Adolfo Scilingo a presentar un recurso de revisión de la sentencia que le condenó en 2007 a una pena de 1.084 años de cárcel por delitos de lesa humanidad y detención ilegal durante la dictadura de su país.
Así lo ha decidido la sala de lo penal del Supremo en un auto en el que señala que "lo intentado no cumplimenta los requisitos imprescindibles de un verdadero recurso de revisión".
Esta es la segunda vez que el Alto Tribunal deniega al ex militar argentino la autorización para presentar este recurso "extraordinario", después de que ya que lo intentara el año pasado y su solicitud fuera rechazada el 13 de marzo de 2009.
Según explica la resolución notificada hoy, para acceder a la revisión de la sentencia "falta el carácter de novedad, pues el condenado insiste en argumentaciones y elementos probatorios que ya pudieron hacerse valer en el curso del proceso".
Además, añade que "la lectura de las sentencias revela que los hechos probados que se pretenden revisar están basados en un conjunto amplio y plural de pruebas, entre las que destaca por su relevancia la propia declaración del ahora recurrente".
"Las alegaciones sobre obediencia debida y la regulación legal de las torturas son cuestiones jurídicas ya examinadas y rechazadas en la sentencia y desde luego nunca podrían constituir la base de un recurso de revisión", concluye.
El Supremo elevó en julio de 2007 de 640 a 1.084 años de prisión la condena que la Audiencia Nacional impuso en abril de 2005 al ex militar argentino.
La Audiencia Nacional había condenado a Scilingo por un delito de lesa humanidad con "causación" de 30 muertes con alevosía (en relación con los dos "vuelos de la muerte" en los que participó), detención ilegal y torturas, por lo que le sentenció a 30 penas de 21 años de cárcel y otras 2 de 5 años cada una.
Para intentar que se revisaran estas condenas, Scilingo alegó el año pasado ante el TS que había documentos que suponían la existencia en el caso de un posible pacto o "precio convenido" de un evidente falso testimonio.
El Supremo, de acuerdo con la Fiscalía, concluyó que no había hechos nuevos, al igual que lo hace ahora.
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