El Tribunal Constitucional busca hoy presidente tras constatar la falta de acuerdo en el Congreso

Madrid.- El pleno del Tribunal Constitucional se reúne hoy con la elección de nuevos presidente y vicepresidente en el orden del día, una vez constatado que la renovación parcial de este órgano que compete al Congreso no se producirá de momento por la falta de acuerdo entre los grupos parlamentarios.

El presidente en funciones del tribunal, Javier Delgado, convocó la reunión el pasado día 13, sólo veinticuatro horas después de que tomaran posesión los cuatro magistrados designados -con 3 años de retraso- por el Senado: el expresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Francisco José Hernando y los catedráticos Adela Asúa, Luis Ortega y Francisco Pérez de los Cobos.

No obstante, y en previsión de que el PSOE y el PP alcanzaran en la Cámara baja un acuerdo que permitiera renovar también a los tres magistrados que permanecen en funciones desde el pasado mes de noviembre y cubrir la vacante causada por el fallecimiento en mayo de 2008 de Roberto García-Calvo, Delgado se mostró dispuesto ante los grupos parlamentarios a aplazar el pleno.

Su oferta, según las fuentes consultadas en el tribunal, tenía fecha de caducidad: los grupos debían comprometerse a cerrar el acuerdo de manera inmediata, de forma que los nuevos magistrados fueran designados en el pleno que el Congreso celebrará el martes de la semana que viene.

El PSOE y el PP, sin embargo, mantienen sus diferencias, ya que los socialistas continúan sin aceptar al exportavoz del CGPJ Enrique López como candidato, y los populares -que ya quisieron designarle magistrado por el turno del Senado- insisten en proponer su nombre.

Ayer mismo, el portavoz del grupo socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, instó al PP a renunciar a López, magistrado de la Audiencia Nacional, y a proponer a uno del Tribunal Supremo en su lugar, momentos después de que la portavoz popular, Soraya Sáenz de Santamaría, criticara al PSOE por tratar de "imponer" sus requisitos para proceder a la renovación del tribunal.

Así las cosas, nadie se atreve a poner fecha al acuerdo, y el mismo ministro de Justicia, Francisco Caamaño, expresó el pasado día 12 su deseó de que la renovación sea posible. "En los próximos no sé si días, semanas o meses", dijo.

Caamaño habló así después de escuchar el duro mensaje que la presidenta saliente del Constitucional, María Emilia Casas, dirigió en su discurso de despedida a la clase política, a la que acusó de "infringir" las previsiones constitucionales, que ordenan renovar por tercios el tribunal cada cuatro años.

La llamada de atención, en cualquier caso, no ha surtido efecto, y los once magistrados que componen el Constitucional se reúnen mañana con la misión de designar un presidente y un vicepresidente en un escenario inédito, ya que las nuevas incorporaciones han roto el equilibrio de fuerzas entre progresistas y conservadores en el tribunal, en el que ahora los primeros son clara mayoría.

Así, la lógica matemática lleva a pensar que el nuevo presidente saldrá del bloque progresista y, aunque no hay candidaturas formales, en todas las quinielas aparecen los nombres de Manuel Aragón y Pascual Sala, con cierta ventaja para este último, ya que el primero se enfrentó a sus compañeros de bloque cuando se alineó junto a los conservadores en la sentencia del Estatuto catalán.

En cualquier caso, según varios magistrados consultados, nada está decidido, y la incertidumbre de por cuánto tiempo ocuparía el cargo el nuevo presidente si el Congreso cumple finalmente con su obligación -lo que teóricamente obligaría a celebrar una nueva votación- hace que algunos no descarten incluso que el pleno se planteee seguir teniendo uno en funciones por un tiempo.

Según la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, la elección de presidente, en la que cada uno de los miembros del pleno señalará a su favorito con una cruz en una lista en la que figurarán los nombres de todos los magistrados, requiere la mayoría absoluta en la primera votación, es decir, al menos seis apoyos.

Si nadie la consigue, habrá una segunda votación para la que sólo hará falta mayoría simple, mientras que, en caso de empate, el magistrado con más antigüedad -y si persiste la igualdad el de mayor edad- será el designado para ocupar la presidencia.