La Junta de Andalucía liderada por Susana Díaz tendrá que devolver casi 50 millones de euros (49,9 exactamente) al Estado, por la concesión irregular de ayudas sociolaborales y la consiguiente “responsabilidad contable” en el denominado caso de los ERE (Expediente de Regulación de Empleo). Hablamos de un caso con 275 imputados y ningún condenado.
Así lo ha dictaminado el Tribunal de Cuentas, al levantar 160 actas de liquidación al sector público autonómico español, por un importe de 49,9 millones de euros. De esta cantidad, 48,6 millones de euros corresponden a la Junta de Andalucía que preside Susana Díaz, según ha podido saber lainformacion,com de fuentes de absoluta solvencia.
La cifra concreta de la que es responsable la Junta andaluza asciende a 48.669.152,67 euros. En segundo lugar se encuentra Castilla-La Mancha, con 545.130 euros, luego Murcia, con 210.249, Valencia, 169.000, Cataluña, 135.000 euros, Navarra, 164.000: Extremadura, 130.000, etc. Cierra la lista el País Vasco, con 1.074 euros.
El Tribunal de Cuentas“tiene la potestad de poder exigir responsabilidad económica a aquellas pesonas que que se ocupan de gestionar o administrar bienes o fondos públicos, cuando de su labor se hayan podido derivar daños sobre este patrimonio público”.
“Esta función, que es competencia exclusiva del Tribunal de Cuentas, también es ejercida por la institución sobre aquellas personas ó entidades que reciban subvenciones, créditos, avales u otras ayudas procedentes del sector público”.
El máximo órgano fiscalizador del Estado afirma que “esta actividad de enjuiciamiento contable es compatible con la que, sobre estos mismos hechos, pueda llevar a cabo la jurisdicción penal”.Caso ERE: 885 millones de euros
Tras ser apartada del caso la juez Mercedes Alaya, actualmente en la Audiencia sevillana, la nueva titular del Juzgado número 6 de Sevilla, María Núñez, asumió la instrucción de los presuntos ERE fraudulentos, quien confimó la división del caso en varias piezas.
La magistrada argumentó en febrero en un auto que "es una cuestión esencial, para determinar el diseño del resto de las piezas, que se resuelva previamente sobre la legalidad o ilegalidad del procedimiento utilizado".
E indicó que "cada ayuda puede ser instruida y enjuiciada de forma separada, lo que, muy por el contrario a lo alegado, no causaría indefensión, sino que permitiría un estudio más detallado y pormenorizado de cada una de las ayudas".
La instructora no parece que vaya a pronunciarse sobre legalidad o no de las ayudas sociolaborales de los ERE hasta que exista una sentencia sobre si el fondo de los ERE, dotado con 855 millones, es declarado ilegal en su totalidad o parcialmente.
Algunos medios, como hoy 'La Razón', aseguran que “la jueza Bolaños también ha frenado el sumario de los avales de la Junta”, concedido a trávés de la agencia IDEA. Se trata de una de las piezas separadas del macrosumario. Según la información de este diario, “un organismo oficial facilitó créditos a empresas beneficiarias sin cobertura presupuestaria”.Lo que dijo el Supremo
En junio de 2015, el magistrado del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro observó indicios de delito en la gestión en los ERE y dictó sendas resoluciones en las que señaló que los expresidentes Manuel Chaves y su sucesor, José Antonio Griñán, pudieron prevaricar al permitir que durante casi diez años se dieran ayudas a empresas mediante un sistema que calificó como “claramente ilegal”.
El magistrado llegó a la misma conclusión respecto a los exconsejeros Gaspar Zarrías y José Antonio Viera, este último investigado también por presunta malversación. El magistrado del Supremo señaló que el gobierno andaluz cometió “auténticas ilegalidades” para la concesión de las citadas ayudas sociolaborales. A su juicio, el sistema de subvenciones se cambió por otro (transferencias de financiación) con el fin de sortear el control administrativo.
El Tribunal de Cuentas ha levantado también actas al sector público local por importe de 11,6 millones de euros, y 97 al estatal, por 1,4 millones de euros. La cantidad liquidada en 2015 supera, en un 429%, a los 14,6 millones de euros liquidados en 2014 en 300 procedimientos, frente a los 391 de 2915.
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