"En esta cárcel solo votan los presos VIP. El resto, no saben ni en que día viven y reina la apatía. Los expolíticos son los primeros en solicitar a la trabajadora social que quieren ejercer su derecho al voto. También es cierto que no llenamos la prisión de carteles anunciando que son las elecciones. ¿Que incentivamos poco? Pues sí. Pero vamos, que aquí votan cuatro y el papeleo para hacerlo les echa para atrás". El testimonio es de un funcionario de prisiones de una mediática cárcel de la Comunidad de Madrid. Los datos avalan su testimonio.
Una región, la madrileña, donde la población reclusa apenas vota. De 7.730 reclusos que tiene esta Comunidad Autónoma solo 743 ejercerá su derecho al voto a las elecciones municipales, autonómicas y europeas este domingo, según el dato facilitado por Instituciones Penitencias a este medio. Lo que supone un irrisorio 9,61 % de la población actual de las siete cárceles madrileñas. Pero la cifra se reduce aún más cuando nos vamos a datos nacionales.
La población reclusa global de España suma los mismos habitantes que la ciudad extremeña de Mérida, la de Cuenca o Aranjuez (Madrid), que roza cada una de ellas los 60.000. Concretamente, 58.883 presos viven en las prisiones españolas, también denominadas centros o establecimientos penitenciarios. Los cuales dependen de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias a excepción de aquellos localizados en Cataluña, puesto que asumió las competencias en materia presupuestaria en 1984 y, por tanto, dependen de la Generalidad de Cataluña. Esta población tiene todos los derechos para poder votar por correo, sin embargo pocos lo ejercen. Un 95% se abstiene, según datos oficiales. Este domingo solo ejercerán su derecho al voto un 5,51% de la población reclusa global, que ha solicitado el voto por correo. Tres puntos porcentuales menos (1.627 personas) de las que pidieron participar en las elecciones generales de las que salió elegida la lista de Pedro Sánchez.
Siguiendo con la hipótesis de los presos VIP, el extesorero del PP Luis Bárcenas, el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato y los nueve líderes independentistas que residen en Soto del Real, fueron algunos de los 4.480 reclusos que votaron por correo desde prisión en las elecciones generales del 28 de abril, según confirman fuentes conocedoras de este proceso. Las mismas confirman que también lo hizo Iñaki Urdangarin desde el penal de Brieva, en Ávila. Al igual que otros condenados, como los de la Gürtel Guillermo Ortega, exalcalde de Majadahonda, y Alberto López Viejo, exconsejero de la Comunidad de Madrid. También ha cumplido con este trámite el exsecretario de Estado de Hacienda con el PP Estanislao Rodríguez-Ponga, condenado por las tarjetas 'black' de Caja Madrid. El excomisario José Manuel Villarejo decidió formar parte de la mayoría y abstenerse. Estos presos mediáticos formaron parte del exiguo 8% de reclusos en las 92 cárceles españolas que participaron en las elecciones generales.
Valencia: líderes en corrupción y participación
De cara a este domingo han solicitado voto por correo un total de 3.247 internos (en 2011 fueron 2.225), de los que 349 lo han hecho desde los centros penitenciarios de la Comunidad de Valencia, que encabeza el ránking de participación, una región que, por otra parte, también es líder en casos de corrupción. Y volvemos a la hipótesis de los VIP. Así se refleja en las cifras del Consejo General del Poder Judicial, que son demoledoras. En el último trimestre de 2018, los jueces españoles dictaron auto de juicio oral o procedimiento contra 85 personas por delitos de corrupción. De ellos, casi la mitad de los encausados (40) fueron en la Comunidad Valenciana.
¿Deben estar las urnas en prisión?
El sentir de algunos funcionarios consultados por este medio es que si se pusiese "la urna en prisión" sería más fácil que subiera la tasa de voto. "Los papeles les echan para atrás a la mayoría", inciden. La dirección general de política interior recoge en su procedimiento que "en todos los centros penitenciarios se expondrá ante la población interna las normas electorales que regulan el voto por correo y se organizarán sesiones informativas de explicación y aclaración a los internos del procedimiento de votación".
Según se detalla, se inscribe a quien lo solicite en el censo y así arranca el proceso administrativo que a muchos se le atraganta. "El director de cada Centro Penitenciario -o la persona en quien éste delegue- solicitará a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos que un empleado de este servicio se desplace en una fecha determinada al centro, provisto de los impresos de solicitud de inscripción en el Censo que pudieran ser necesarios para que, allí mismo, sean cumplimentados por los internos que quieran ejercer su derecho al voto. Si alguno de los reclusos careciera de DNI, bastará con el Documento de Identidad Interior que tienen todos los internos siempre y cuando en él aparezca la fotografía del titular". Sin embargo, las solicitudes lejos de aumentar: decrecen.
Influye también que pocos partidos tengan en su agenda temas relacionados con la población reclusa, como la prisión permanente revisable. Lo que es cierto es que este 2018 se han producidos situaciones excepcionales en las prisiones, ya que por primera vez había seis reclusos candidatos a distintos comicios electorales. Lo que ha provocado que desde distintos penales se hicieran por videoconferencia once mítines.
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