Barcelona, 18 jun.- El constructor Antonio Salguero, que destapó ante la Fiscalía presuntas irregularidades en Adigsa, ha ratificado hoy ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que pagó 108.000 euros de comisiones al intermediario Josep Maria Penín por obras encargadas por la empresa de vivienda pública.
Salguero ha declarado hoy como imputado ante la magistrada del TSJC Núria Bassols, que investiga una supuesta trama de cobro de comisiones en obras de reforma de viviendas de protección oficial de la empresa Adigsa, durante la etapa de gobierno de Jordi Pujol.
La causa, iniciada en 2005 en el juzgado de instrucción número 3 de Barcelona a raíz de la querella que presentó la Fiscalía tras la alusión de Pasqual Maragall al cobro de comisiones del 3 % en los gobiernos de CiU, está ahora en manos del TSJC por la condición de aforado de uno de sus imputados, el expresidente de Adigsa y desde 2010 diputado convergente en el Parlament Ferran Falcó.
Además de Salguero, hoy ha declarado Josep Maria Penín, pariente lejano del conseller Felip Puig que trabajó de intermediario para Adigsa y que los investigadores consideran principal artífice de la trama de cobro de comisiones, además de excargos de la empresa pública y constructores contratados por esta.
En su declaración judicial, Salguero se ha reafirmado en las explicaciones que dio en 2005 ante la Fiscalía y en 2006 en el juzgado de instrucción y ha recalcado que, por indicación de Penín, pagó comisiones del 20 % por obras de reforma en 18 viviendas de Adigsa, una mordida que, según su versión, no se la quedaba el intermediario.
El constructor ha reiterado que Penín le reclamaba ese 20 % de comisión bajo la amenaza de no adjudicarle ni pagarle más proyectos y ha alegado que no podía facturar las obras directamente a Adigsa, porque las reformas le habían sido encargadas verbalmente sin documentación que las avalara.
De hecho, una auditoría externa que Adigsa encargó, cuando el tripartito llegó al poder, reveló que Salguero había cobrado, a título personal y a través de sus dos empresas, Demastir S.L. y Relulex S.L., varias facturas por la rehabilitación de viviendas que había tasado José María Penín, pese a que no constaban ni procedimientos de licitación ni contratación de esos trabajos.
Salguero acudió a la Fiscalía a denunciar los hechos después de que Adigsa le denegara el pago de 355.000 euros que había invertido en la rehabilitación de otras 24 viviendas en Artesa de Segre (Lleida), obra que asumió prescindiendo de Penín y pactando directamente con el propietario y el consistorio.
La juez del TSJC había citado también para hoy como imputado a Penín, que se ha ratificado en la declaración que prestó en instrucción en el año 2006, cuando exculpó a Felip Puig.
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