Erc e iu-icv proponen a sáenz de santamaría recortar dinero en embajadas, casa real y el ejército

El diputado de Esquerra Republicana de Catalunya Alfred Bosch propuso hoy a la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que, puestos a emprender recortes en el conjunto del Estado, lo haga reduciendo la asignación presupuestaria para las embajadas españolas en el mundo y las partidas de la Casa Real y el Ejército.
Durante la comparecencia parlamentaria de la vicepresidenta en la Comisión Constitucional del Congreso, Bosch tomó la palabra entre los diputados del Grupo Mixto para responder al plan de recortes y austeridad anunciado por Sáenz de Santamaría.
El diputado de ERC replicó que lo que busca el Gobierno de Rajoy es "centralizarlo todo y criminalizar a los que menos deuda han generado" en estos años de crisis económica.
Por eso, abogó por llevar a cabo los recortes en otro tipo de partidas como la Casa Real, especialmente "en un momento en el que hay malos usos" como los dados a conocer, en su opinión, en el caso Urdangarin.
Puestos a elaborar una Ley de Transparencia, Esquerra pidió empezar por el dinero de la Familia Real para que la Casa del Estado "sea un buque insignia".
También pidió reducir las embajadas de España en el mundo, aunque al mismo tiempo defendió las abiertas por Cataluña en otros países. Indicó que las de la Generalitat cuestan 2,5 millones de euros, mientras que la de España en Rabat (Marruecos) "cuesta casi el triple".
Por su parte, el diputado de Amaiur Rafael Larreina negó buena parte del discurso de la vicepresidenta sobre la mala gestión del dinero público, especialmente cuando comunidades como País Vasco y Navarra han conseguido cuadrar sus cuentas.
En el mismo sentido, el diputado del PNV Aitor Esteban pidió "no generalizar" la mala gestión de los gobiernos públicos, ya que considera que algunas regiones "han gestionado bien", como cree que indica el hecho de que el País Vasco no tenga déficit.
Además, criticó que el Gobierno pretenda reducir los organismos de las comunidades autónomas, ya que sería inmiscuirse en las competencias que no le corresponden.
Esteban reclamó también que, a la hora de buscar el consenso para renovar órganos institucionales como el Tribunal Constitucional o el Defensor del Pueblo, se dialogue con todos los grupos parlamentarios.
El diputado de IU-ICV Joan Nuet criticó que el Gobierno no plantee un plan de lucha contra la corrupción, tanto la política como especialmente la financiera, sobre todo cuando la considera principal responsable de la actual crisis económica.
Nuet pidió mayor transparencia en el presupuesto de la Casa Real, así como dotar de más medios a los servicios públicos, incluidos sus medios de comunicación, para que no haya ningún tipo de "déficit" en los derechos de los ciudadanos.
También salió en defensa de la videpresidenta del Gobierno ante las críticas del obispo de Valladolid, Ricardo Vázquez, a su matrimonio civil. El diputado de IU-ICV pidió a Sáenz de Santamaría que no escuche a los "nuevos inquisidores del siglo XXI" y garantizó que en el Congreso la oposición sólo le juzgará sobre su trabajo y no sobre su vida privada.
Nuet arremetió al final de su intervención contra el recientemente fallecido Manuel Fraga, ponente de la Constitución de 1978, al considerar inapropiado que al mismo tiempo que "se despide a un ministro franquista con gaitas" se esté juzgando en el Tribunal Supremo a un magistrado como Baltasar Garzón.
Finalmente, el diputado del PP Pedro Gómez de la Serna destacó que ningún Gobierno en la democracia había comparecido a los 30 días de tomar posesión con un balance tan grande de reformas emprendidas, en alusión a las medidas urgentes adoptadas el pasado 30 de diciembre y las que piensan aprobarse en las próximas semanas.
Gómez de la Serna dio la "bienvenida a la austeridad" al PSOE, sobre todo después de la gestión económica realizado por Zapatero durante los últimos ocho años y de la que dijo que "si no fuera por ella no estaríamos donde estamos".
Asimismo, criticó que el PSOE reclame ahora una solución para el Valle de los Caídos cuando ha sido el Gobierno de Zapatero quien abrió una polémica que desembocó en una "chapuza".