Erc propone que la administración rescinda contratos sin indemnización a empresas que se salten la ley

ERC ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para que la Administración pueda rescindir, sin derecho a indemnización, los contratos que tenga adjudicados a empresas que hayan incurrido en "delitos dolosos".
En los últimos días, señala la iniciativa, un medio de comunicación ha destapado un presunto caso de fraude a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública por parte de una empresa que se está beneficiando de contratos públicos de diversas administraciones.
Se trata de la empresa Arturo Cantoblando, propiedad del empresario Arturo Fernández, presidente de la patronal madrileña y uno de los vicepresidentes de la CEOE, que mantienen deudas con el erario público y ha sido acusado de pagar en negro parte del salario de sus trabajadores.
Según Esquerra, las administraciones públicas no pueden consentir que las empresas que gozan de contratos con ellas no cumplan con la legislación y los principios que informan la función pública.
Por eso se deben articular las medidas de transparencia necesarias para un control efectivo, así como un mecanismo rápido y eficaz para la "rescisión del contrato, con la pérdida de los derechos de resarcimiento o indemnización, cuando se producen delitos dolosos".
La proposición no de ley insta al Gobierno a realizar las modificaciones legales oportunas para introducir obligatoriamente en los pliegos de adjudicación de contratos medidas de transparencia que controlen el cumplimiento de los principios que informan la Administración Pública, y en especial respecto a la legislación laboral y fiscal vigente. Asimismo, piden fijar un mecanismo rápido y eficaz de rescisión sin indemnización de los contratos con aquellas empresas que hayan sido condenadas por un delito doloso contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social o los principios que rigen la función pública.
Finalmente, la iniciativa de ERC establece la "inhabilitación para concursar en futuras convocatorias públicas a las empresas que hayan sido condenadas" por cualquiera de esos delitos.