España, a la cabeza en número de quejas al defensor del pueblo europeo

Bruselas.- Los españoles siguen a la cabeza de los Veintisiete en número de quejas al Defensor del pueblo con 389 reclamaciones, según revela el informe anual relativo a 2009 que ha hecho público hoy el Ombudsman comunitario Nikiforos Diamandouros.

A España tan sólo la supera Alemania, con 413 quejas sobre la mala gestión y falta de transparencia recibida por el ciudadano de las administraciones públicas.

En total, en el conjunto de la Unión Europea, se recibieron hasta 3.098 reclamaciones procedentes de ciudadanos, empresas, organizaciones no gubernamentales o asociaciones (algunas menos que en 2008, cuando se registraron 3.406).

La mayoría se refieren a falta de transparencia de las instituciones -incluido el rechazo a desclasificar documentos públicos o dar información-, mala administración, abusos de poder, retraso en los pagos y discriminación.

Hasta ocho de cada diez quejas motivaron la apertura de una investigación, la trasmisión del expediente al órgano competente y la recomendación debida.

Un 56% se resolvieron por la institución competente o por un acuerdo amistoso, el 18% se archivaron tras concluir que no había habido una gestión deficiente, el 17% no motivaron que se continuase estudiando el caso y en el 12% de los casos se concluyó que no había incurrido mala administración.

En relación al año anterior, el número de quejas ha caído ligeramente, un descenso que Diamandouros explica en "la remodelación de la página web de la institución" y "las mejoras en la orientación del usuario".

Como viene siendo la tendencia en los últimos años, la mayoría de quejas hacían referencia a la Comisión Europea (el 56%), seguida de la oficina de selección del Parlamento Europeo, el Consejo y la Corte de Justicia de la UE.

El Ombudsman destacó que con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa "la Carta de Derechos Fundamentales es legalmente vinculante" y que esta "contiene la prerrogativa fundamental de la buena administración y el acceso a los documentos públicos".

Diamandouros ha publicado a modo de ejemplo los "casos estrella" resueltos por su oficina, entre los que ha querido destacar la queja de un ciudadano por la falta de evaluación de impacto ambiental realizada por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) del proyecto de tren de alta velocidad que atraviesa Barcelona.

Tras investigar el caso, el Ombudsman europeo recomendó al BEI realizar estos impactos y el organismo financiero no encontró prueba alguna de que la entidad financiera hubiera analizado de manera adecuada la evaluación medioambiental de esa parte del proyecto que atraviesa Barcelona.

Por ello, Diamandouros recomendó al BEI que revisase esta evaluación de impacto antes de conceder ayuda financiera alguna para esta parte del proyecto.

Otro caso que el defensor pone como paradigma de buenos resultados es el compromiso de la oficina europea antifraude (OLAF) de hacer públicos sus documentos para aumentar la transparencia.