El Estado español tiene todavía en el Sáhara Occidental unas 200 propiedades de uso civil (residencial y comercial) que se encuentran en un limbo jurídico por la particular situación de este territorio de soberanía contestada. Al menos tres fuentes contrastadas que han solicitado el anonimato por lo delicado del caso, han confirmado que estas propiedades constituyen un negocio ruinoso porque la gran mayoría de sus inquilinos no pagan la renta a la "Depositaría de Bienes Españoles" establecida en El Aaiún precisamente con ese objetivo en 1978, aunque también cumple oficiosamente funciones consulares.
Según ha podido saber Efe, las propiedades (situadas en su mayoría en la parte antigua de El Aaiún, pero también en las ciudades de Dajla, Smara y hasta La Güera, en el extremo sur) no figuran en ningún catastro actualizado ni en el Registro de la Propiedad de Marruecos (potencia administradora del territorio), ya que su inclusión no puede hacerse mientras exista indefinición jurídica en el Sáhara.
En consecuencia, las propiedades españolas figuran como huecos en blanco en el catastro marroquí actual. Tampoco la administración española puede recurrir su pago ante los tribunales marroquíes (los únicos existentes en El Aaiún) por las mismas razones de la indefinición jurídica. El Colegio de Notarios marroquíes, uno de los pocos organismos que puede conocer esta información, se negó a ofrecer sus datos.
La Oficina de Información Diplomática española del Ministerio de Exteriores, única fuente oficial española que ha accedido a responder a Efe, se limitó a decir que en breve se va a proceder a "la actualización del catálogo de bienes inmuebles propiedad del Estado en el Sáhara Occidental".
La misma fuente añadió que actualmente hay tres edificios de carácter oficial que gestiona directamente el Ministerio de Exteriores: la propia Depositaría, el Colegio La Paz (única escuela española en el Sáhara) y la Misión Cultural Española, que lleva años cerrada.
Sin embargo, rechazó dar ninguna información sobre una cuestión desconocida en España pero que es un secreto a voces en El Aaiún: que los inquilinos de los edificios civiles (apartamentos, locales comerciales o naves industriales) ocupan estas propiedades sin ingresar (en su inmensa mayoría) ni un euro al Estado español.
"¿Las casas españolas? ¡Pero si nadie paga por ellas!", bromea Ramadán Messoud, un vecino de El Aaiún que conoce a varios de esos inquilinos ocupantes, y que confirma que entre ellos hay tanto saharauis como marroquíes llegados del norte a partir de 1975.
Fue durante los tres años que mediaron entre la Marcha Verde de 1975 y el establecimiento de la Depositaría en 1978 cuando los bienes españoles, que no contaban con protección ni custodia, fueron sencillamente ocupados a la fuerza por marroquíes o saharauis, y muchas veces han ido pasando de mano en mano mediante contratos privados. Las cerraduras y las llaves han ido cambiando una y otra vez. Los esfuerzos de la Depositaría por recuperar sus propiedades o por poner al día sus cuentas con los inquilinos han resultado casi siempre baldíos. Es difícil imaginar que algún día puedan recuperarse.
Entre los pocos inquilinos que están al día en sus pagos se encuentran dos españoles de los "históricos" que se quedaron en el Sáhara tras la Marcha Verde: los canarios Luis Rosales y "Chano" González Santana: ambos confirmaron a Efe que pagan puntualmente (una vez al año y en metálico) por sus propiedades a la Depositaría.
El caso de "Chano" explica muy bien los vaivenes de todas estas propiedades: como el resto de españoles que abandonaron precipitadamente El Aaiún en los convulsos días que siguieron a la Marcha Verde, fue indemnizado por sus bienes inmuebles, que en su caso se extendían por todo el territorio saharaui y pasaron a ser propiedad del Estado español.
Pero "Chano" volvió a El Aaiún en 1978 y quiso recuperar su casa: se convirtió entonces en inquilino de la misma vivienda, y más tarde (en 1983) en arrendatario de otra propiedad y una nave industrial en la misma ciudad. Recientemente, ha solicitado tener "opción de compra" ante la Depositaría, aunque él la llama "Casa de España", como todo el mundo en El Aaiún. La Depositaría trasladó su petición a Exteriores, que le comunicó por escrito que esa eventual compra estaba pendiente de "la aclaración de la situación administrativa de esas propiedades".
Y dado que la situación administrativa del Sáhara Occidental en su totalidad está en manos del Consejo de Seguridad de la ONU desde el año 1991 sin que ese hecho haya movido un ápice las cosas sobre el terreno, ahora resulta que la casa de "Chano" depende del máximo organismo de la ONU. A sus 84 años, ¿verá algún día "Chano" su casa inscrita a su nombre? ¿Recuperará España las llaves de esas 200 propiedades?
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