Estas son las medidas anticorrupción de PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos

    • El PP apuesta por hacer cambios puntuales en la Carta Magna, el PSOE pide que España se convierta en un Estado federal y Ciudadanos por reformar determinados artículos.
    • El tema de la corrupción se ha usado como arma arrojadiza en campaña. Casos como los ERE, la Gürtel o la Púnica han provocado un grave daño en la confianza en los partidos.
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El tema de la corrupción ha protagonizado buena parte de la campaña, sobre todo como arma arrojadiza en los debates. El PSOE ha reprochado a los populares las tramas en la que han estado inmersos dirigentes del PP y la tibia respuesta ante las prácticas corruptas.

Mientras, el PP, ha respondido con similares argumentos y ha detallado, siempre que ha salido el tema, las numerosas medidas aplicadas en los últimos años para luchar contra el segundo problema de los españoles.

Mientras, Ciudadanos y Podemos, han presentado numerosas medidas para luchar corrupción que limitan a las formaciones del bipartidismo.

En cuanto a la reforma constitucional, los partidos presentan diversas reformas, que pasan por reformas importantes por PSOE, Podemos y Ciudadanos, a más tibias desde el Partido Popular.Corrupción

Partido Popular. Los 'populares' recogen que todos sus cargos deberán suscribir una Declaración de Compromiso que refleje su vinculación a los principios éticos de la formación. Tendrán obligación de dimitir y serán suspendidos de militancia con la apertura de juicio oral. También será causa de inegibilidad absoluta.

El PP promete que continuará "profundizando enérgicamente en las reformas legislativas" para que la corrupción deje de ser un problema para los españoles.

Asegura en su programa que el mejor antídoto contra la corrupción es la transparencia en cada euro que se gasta y el refuerzo en los mecanismos de control. Su compromiso es seguir desarrollando en profundidad la Ley de Transparencia.

El PP propone luchar en distintos frentes para incrementar la eficacia para detener la corrupción. Su medida estrella se basa en favorecer la denuncia, e incluso delación.

PSOE. Los socialistas concretan que prohibirán el nombramiento y obligarán al cese cuando se les abra juicio oral por delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, financiación ilegal de los partidos políticos, delitos contra la Hacienda Pública, contra la Seguridad Social y delitos de fraudes de subvenciones y ayudas públicas y blanqueo de capitales. Agregan que, en caso de que estos cargos resultaran absueltos por sentencia firme en el transcurso de su mandato, se le restituirá en sus cargos.

Además, propone tipificar el delito de enriquecimiento ilícito que castigue el incremento patrimonial de autoridades y funcionarios públicos. También ofrece regular que los partidos que se hayan financiado ilegalmente a través de actos de corrupción de sus cargos públicos u orgánicos se hagan responsables patrimonialmente.

El PSOE plantea establecer incentivos fiscales regresivos para las aportaciones económicas privadas a los partidos.

Los socialistas incluyen en su programa 40 medidas divididas en bloques (prevención, represión, control y otras) para luchar policial y judicialmente contra la corrupción. Entre ellas propone establecer "listas blancas" de empresas que hayan firmado pactos de integridad y desarrollen buenas prácticas y potenciar la contratación con éstas, agravar las penas para delitos cometidos por funcionarios públicos o incluir entre las modalidades del delito de encubrimiento la figura del testaferro.

Ciudadanos. La formación que lidera Albert Rivera adelanta el momento en el que se prescindiría de sus cargos imputados y lo fija cuando éstos "hayan sido imputados judicialmente". La imputación impedirá presentarse a las listas y ocupar cargos públicos.

La formación naranjaquiere que sea delito que los gestores públicos o privados desvelen la identidad de aquel que denuncie casos de corrupción y ampliar la actual Ley de Transparencia.

Ciudadanos quiere obligar a los partidos a someterse a auditorías externas aleatorias y que las formaciones se rijan por las normas de contabilidad de las ONGs. Tampoco quiere donaciones procedentes de personas físicas y jurídicas que tengan tratos económicos con la administración ni que éstas puedan dirigirse a las Fundaciones.

Ciudadanos apuesta por la estrategia de la denuncia. Plantea entregar gratificaciones extraordinarias para los denunciantes de la corrupción, que podrán consistir en una parte de la cantidad que se haya recuperado gracias a la denuncia o reconocimiento de méritos para la promoción profesional. También quiere promover la creación de equipos "multidisciplinares" integrados por fiscales, policías, inspectores de Hacienda.

Podemos. La formación morada quiere promover un sistema de 'revocatorio popular' que se pondría en marcha ante determinadas situaciones de pérdida de legitimidad de las personas que nos representan.

Además, avanza que promoverá la tipificación de un delito de enriquecimiento injusto referido a la actuación de altos cargos.

Podemos anuncia que superará la ley actual para reconocer el derecho a la información como derecho fundamental y mejorar la accesibilidad del Portal de la Transparencia. Asegura que establecerá la obligatoriedad legal de rendir cuentas y de publicar los resultados en la web para todas las instituciones con titularidad o financiación pública.

El partido liderado por Pablo Iglesias quiere desarrollar un Plan Nacional contra la Corrupción y para la Transparencia Institucional. Entre sus objetivos estará "dotar de recursos para lograr una persecución eficaz" y proteger al denunciante. Propone que funcionarios, policía judicial y peritos, sean dependientes funcionalmente de los juzgados y la Fiscalía y quiere, además, aprobar un paquete de medidas contra los paraísos fiscales que incluya medidas para conocer los titulares de las cuentas bancarias en esos países.Reforma constitucional

Partido Popular. Según ha repetido el ministro de Justicia en numerosas ocasiones, el PP no está cerrado a modificar la Ley de leyes. Serían, ha señalado, cambios puntuales, pero que afectarían a cuestiones esenciales como la Corona o la organización territorial del Estado.

Los populares no han explicado en qué consistirían estos cambios, aunque sí que deben realizarse de manera responsable y consensuada, con objetivos concretos y con la meta de sumar a España. Lo que sí tienen claro es que no van a modificar el modelo de Estado.

Partido Socialista. Pedro Sánchez ha encargado a un grupo de catedráticos que elaboren para el PSOE una propuesta de reforma constitucional. Estaría basada en tres pilares: nuevos derechos y libertades, blindaje del Estado de bienestar (Sanidad y Educación públicas) y modelo federal.

Para ello, transformarían el Senado en una verdadera Cámara territorial e introducirían en la Constitución el sistema de financiación, como lo están ahora los conciertos de País Vasco y Navarra.

Este verano, el líder de los socialistas aseguró que "dar soluciones a nuestros problemas exige una profunda renovación de la vida pública y eso pasa ineludiblemente por reformar la Constitución de 1978". "Es un cauce para recuperar los consensos rotos en esta crisis: recuperar el Estado de Bienestar, muy deteriorado, y acabar con el conflicto territorial para ir a un Estado Federal, que no es lo que quieren ni los independentistas ni los inmovilistas del PP", señaló.

Ciudadanos, igual que el PSOE, ha encargado a un grupo de expertos que elabore su propuesta de reforma. Han adelantado, no obstante, que se centrarán en el Título VIII para cerrar el modelo autonómico y fijar en la Constitución un techo de competencias autonómicas.

El actual texto constitucional deja abiertas las competencias que pueden asumir las autonomías. Desde el partido naranja quieren que quede ya fijado en el texto y que se haga el reparto utilizando un criterio de eficiencia.

Podemos no ha concretado cuál sería su propuesta de reforma. Sin embargo, sí asumen que en la próxima legislatura este debate será necesario. "Es cada vez más evidente que habrá que abrir la Constitución", aseguran.

A pesar de su falta de propuestas, sí han adelantado que quieren cambiar el modelo territorial, transformar el Senado y permitir que una iniciativa legislativa popular con 500.000 firmas pueda promover una reforma de la Constitución.

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