Eta. Las empresarias acusadas de pagar el "impuesto revolucionario" dicen ser "víctimas de eta y de la justicia"

Las empresarias Blanco Rosa Bruño y María Isabel Bruño, acusadas de pagar de forma voluntaria el "impuesto revolucionario" y aportar al menos 6.000 euros a la banda terrorista, negaron hoy entre lágrimas los hechos y aseguraron ser "víctimas de la extorsión de ETA y de la justicia".
María Isabel Bruño calificó de "injusto" e "indignante" que después de "más de 30 años de amenazas" tengan que sentarse en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional. "Se nos acusa de colaboradoras cuando somos víctimas, cuando hay amenaza y extorsión la voluntariedad no existe", dijo en el juicio que la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional está celebrando contra ella y su hermana.
El fiscal encargado del caso, Vicente González Mota, pidió para las acusadas sendas penas de cinco años de cárcel y multas de 27.000 euros al atribuirles un delito de colaboración con organización terrorista.
Las hermanas, propietarias de una empresa comercializadora de marisco con sede en Usúrbil (Guipúzcoa), explicaron que a lo largo de su vida han recibido tres cartas de extorsión de ETA y que en todas estas ocasiones decidieron no pagar. "No hemos pagado nada de nada, decidimos mantener el tipo", dijo Blanca Rosa.
La primera carta la recibieron en septiembre de 1980. La misiva iba dirigida al padre de las hermanas, que en aquella época era el jefe de la empresa, y en ella ETA amenazaba de muerte a toda la familia si se negaban a pagar.
A pesar de ello, el padre, que era alcalde de Usúrbil, decidió denunciar públicamente la extorsión a la que estaba siendo sometido por la organización terrorista. Blanca Rosa explicó ante el tribunal que entonces vivieron momentos de "miedo y angustia" en los que recibieron llamadas amenazantes y su padre tuvo que ser custodiado por la Guardia Civil.
"Fue terrible, entras en casa con inseguridad, nos sentimos desprotegidos y vulnerables", señaló María Isabel.
DOS CARTAS MÁS
La acusada señaló que no volvieron a recibir ninguna carta hasta el año 2003, cuando su padre ya se había jubilado y ella ya se había hecho cargo de la empresa, accediendo al puesto de presidenta. La misiva les exigía 120.000 euros y señalaba que para el pago debían acudir a los "contactos habituales de la izquierda abertzale".
Blanca Rosa dijo que la carta les hizo revivir "todo el miedo y toda la angustia" que la familia experimento tras las amenazas de los años 80. La acusada aseguró que se reunieron entonces los ocho hermanos y entre todos acordaron no pagar, aunque también decidieron no denunciar los hechos "por miedo" y por la vivencia que experimentaron con la carta de los 80.
Finalmente, en el año 2006, la empresa recibió la última carta de extorsión en la que se les volvía a exigir el pago de 120.000 euros. En esta ocasión volvieron a decidir ni pagar ni denunciar. "Andas con miedo por la calle, salía de casa y miraba debajo del coche, el miedo te paraliza, fue una tragedia", dijo María Isabel entre sollozos.
Las hermanas también negaron haber intentado contactar con el entorno de ETA para negociar una rebaja del dinero exigido.
Ambas acusadas negaron ante el tribunal tener ningún tipo de relación con la izquierda abertzale y aseguraron estar en contra de la violencia de ETA, a pesar de que una de ellas, María Isabel, estuvo en la listas de Euskal Herritarrok en 1998.
AGRADECIMIENTO DE ETA
Como testigos de la defensa comparecieron ante el tribunal el alcalde de Orio (Guipúzcoa), Jon Redondo, del PNV, y la portavoz de Aralar en el Parlamento Vasco, Aitzane Ezenarro. Ambos negaron que las hermanas Bruño tengan relación con el entorno proetarra.
El fiscal González Mota sostuvo en contra de esta versión de los hechos que tras la carta del año 2003 las acusadas "contactaron con la organización terrorista para negociar el pago" y abonaron "voluntariamente" 6.000 euros a la banda.
El fiscal subrayó que en el domicilio de Burdeos en el que fue detenido el ex número uno de ETA Francisco Javier López Peña, alias "Thierry", y otros tres dirigentes de la organización terrorista, se encontró una carta, fechada en abril de 2008, en la que la banda agradecía a las hermanas Bruño su "aportación". Esta misiva hacía una llamada al "patriotismo" y "al compromiso con los fines de ETA para nuevas aportaciones".
Ambas acusadas aseguraron que no tuvieron conocimiento de esa carta hasta que fueron detenidas y sus abogados tuvieron acceso al sumario.
Los peritos de la Guardia Civil que comparecieron ante el tribunal señalaron que la carta que se encontró en el domicilio de "Thierry" estaba "personalizada", y en ella la banda terrorista demostraba una "cercanía" hacia las hermanas Bruño y se despedía con "un cálido abrazo". "Entiendo que en este caso lo que empezó siendo un proceso de extorsión se ha acabado convirtiendo en una aportación voluntaria", dijo uno de los peritos.
En el turno de última palabra, Rosa Blanca dijo que es "increíble" y "humillante" el ser enjuiciadas por la Audiencia Nacional después de vivir "30 años con miedo". "Es muy duro recibir una carta de ETA", señaló.
Tras escuchar los informes del fiscal y de las defensas, el presidente del tribunal, el magistrado Fernando García Nicolás, decretó el visto para sentencia.