Tras más de cinco años de investigación, el juez José de la Mata ha finalizado las últimas diligencias acordadas en la causa por el hundimiento de la vieja Pescanova. De esta forma da carpetazo al complejo procedimiento contra la excúpula de la entidad por ocultar unas pérdidas multimillonarias y lo remite a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para que fije fecha de vista.
Aunque De la Mata abrió juicio oral el pasado mes de junio, no ha sido hasta ahora cuando ha cerrado una serie de flecos pendientes de resolver en la macrocausa, según precisa en una providencia a la que ha tenido acceso La Información. En ella explica que, llegados a este punto, remite el procedimiento a la Sección Cuarta, la misma que juzga el caso 'Bankia'. En el banquillo de los acusados se sentarán un total de 19 personas -entre ellas el expresidente de la pesquera Manuel Fernández de Sousa- y 12 sociedades, incluida la propia Pescanova.
El instructor les imputa hasta ocho delitos -entre ellos falseamiento de cuentas, estafa y blanqueo de capitales- por maquillar los estados financieros al menos entre los ejercicios de 2009 y 2011 con el fin de ocultar la verdadera situación de insolvencia que atravesaba el grupo. De hecho, el juez considera que intentaron hacer frente a una deuda cercana a 3.650 millones de euros, mediante argucias tales como la formalización de créditos sin que existieran transacciones reales o apoyándose en empresas pantalla, según se desprende de un informe elaborado por KPGM que obra en la causa.
Pérdidas superiores a los 790 millones un año antes del preconcurso
Como mecanismo adicional para adquirir liquidez, emitieron obligaciones convertibles entre los años 2010 y 2012 por importe total de 450 millones de euros, de acuerdo con la descripción del juez instructor que considera que todo este cúmulo de presuntas irregularidades acabó derivando en la alteración de las cuentas que se presentaron al mercado. Solo en lo que respecta al ejercicio 2012 el grupo presentó un resultado negativo real de 791 millones de euros.
De la Mata justificó la imputación de todos y cada uno de los acusados asegurando que estos hechos "no fueron fortuitos" sino consecuencia de una planificación consciente. Por ese motivo consideró responsables penales de lo ocurrido al expresidente de la compañía, su hijo Pablo Fernández Andrade, el exconsejero delegado Alfonso Paz Andrade, así como otros exaltos cargos del holding tales como el exdirector financiero Antonio Taboas o el que fuera jefe de auditoría interna Joaquín Viña. Además, también se sientan en el banquillo la firma BDO que auditó las cuentas de la pesquera y su socio responsable auditor Santiago Sañe.
Fianzas de récord en la Audiencia Nacional
Cabe destacar que acordó fianzas millonarias para todos los acusados cercanas a los 1.000 millones de euros, de entre las que destaca la de 348 millones impuesta directamente a la vieja Pescanova por la quiebra del holding. El juez tomó esta decisión a tenor no solo del resultado financiero del grupo sino también de las falsedades que incluyeron en el folleto emitido para los inversores el cual no reflejó la información de solvencia que habían publicitado. Todo ello hizo que se generara un perjuicio para los nuevos accionistas que basaron su inversión en una información y unos datos que resultaron ser falsos.
Con todo, De la Mata todavía sigue instruyendo una parte de la causa relativa a la fortuna familiar de Fernández de Sousa. El instructor abrió una pieza separada para investigar el desvío de fondos de la familia al extranjero cuando arrancó el procedimiento judicial principal. Las pesquisas determinaron que su mujer y sus hijos eran titulares de cuentas bancarias en Andorra opacas al fisco y en las que llegaron a sumar cerca de 2,8 millones de euros.
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