Dos exsecretarios de Transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, quedaron encausados este jueves en Argentina, por el delito de administración fraudulenta y cohecho en la compra de material ferroviario a España y Portugal, informó una fuente judicial.
Jaime era jefe del área estatal de Transporte durante el gobierno del fallecido expresidente Néstor Kirchner (2003-2007). Schiavi ocupó el puesto durante el gobierno de Cristina Kirchner (2007-2015).
La fuente dijo que la acusación se basa en que "los fondos abonados por el material rodante adquirido eran de una desproporción exorbitante en relación a su calidad y funcionalidad real".
Según la ley argentina, una persona puede figurar en una causa como "acusado, inculpado o imputado", mientras dura una investigación. Cuando la Justicia considera que hay pruebas suficientes pasa a la condición de "procesado" o "encausado", como Jaime y Schiavi.
Ahora el último paso es la elevación de la causa a juicio oral por tratarse de un delito federal que involucra a exfuncionarios.
El juez Julián Ercolini había ordenado el 2 de abril arrestar a Jaime con el argumento de que podía fugarse. En cambio, Schiavi no está detenido.
"Estoy a disposición de las autoridades. No he cometido ningún delito para ir a la cárcel. La compra de trenes fue una decisión entre dos Estados, a través de las cancillerías. Era un convenio que se hizo de país a país", había declarado Jaime (de 61 años) en su última rueda de prensa antes de ser detenido.
En la causa se investiga la transacción realizada con España y Portugal en 2005, valuada por la Auditoría General de la Nación (AGN) en 100 millones de euros. La mayoría de los vagones están abandonados en depósitos ferroviarios como "chatarra", según un informe de la AGN.
Sobre Jaime ya pesan otras dos condenas por un total de seis años. Una fue dictada por desoír advertencias de mal estado del servicio ferroviario antes de un accidente en 2012 en la estación Once con 51 muertos y otra por recibir dádivas de empresarios con viajes en aviones privados.
"Los presidentes (de los países involucrados) firmaron aquel convenio ferroviario, no es mi responsabilidad", había señalado en su defensa Jaime.
El magistrado había señalado en un escrito que la operación entre los países "hace presumir que grandes sumas de dinero fueron sustraídas de la esfera de la administración pública por los funcionarios a quienes fueron confiadas y que justamente debían proteger el patrimonio estatal".
El delito de defraudación tiene en Agentina una pena de "reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua", según el Código Penal.
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