Expertos critican la reforma que limita la Justicia Universal en España

Ignacio Pérez Santos

Madrid, 4 mar.- Expertos en Jurisdicción Universal criticaron hoy en Madrid la reforma aprobada el jueves 27 de febrero en el Congreso de los Diputados de España que limita la aplicación de este principio jurídico.

En un seminario dedicado a la defensa de la Jurisdicción Universal y contra la impunidad, celebrado en la Universidad Complutense de Madrid, varios abogados y jueces consideraron un paso atrás la limitación del principio de justicia universal y denunciaron la influencia de China en esta decisión.

El juez de la Audiencia Nacional española, José Ramón Prada, afirmó que la medida "no es respetuosa con la independencia del poder judicial" y que va contra el Derecho Internacional ya que se olvida "de las obligaciones internacionales" de los Estados de perseguir los genocidios y los crímenes contra la humanidad.

En su exposición, Prada afirmó que la reforma se debe "a un ataque de pánico por los problemas con China" y que "habrá que reformarla otra vez a corto plazo para que España cumpla con sus obligaciones internacionales".

En la misma línea se mostró Enrique Santiago Romero, abogado que formó parte en la acusación popular contra el dictador chileno Augusto Pinochet y quien afirmó que "la reforma tendrá que ser retrotraída porque no se corresponde con las obligaciones internacionales de los Estados".

Es "sumamente triste que la soberanía española se vulnere por influencias externas", dijo Romero, quien considera que la reforma supone una "amputación seria" al principio de Jurisdicción Universal.

En ese contexto, China exige a España que anule la investigación sobre exlíderes chinos, como los expresidentes Jiang Zemin y Hu Jintao, por la represión en el Tibet.

Aitor Martínez, jurista e investigador español, querellante contra la dictadura de Alfredo Stroessner en Paraguay, declaró que "nuestra soberanía está en manos de los tenedores de nuestra deuda" y señaló que China "posee el 20 por ciento de la deuda española".

También fue muy crítico con la reforma el jurista español, querellante en causas de Derechos Humanos como el genocidio en Guatemala, Manuel Ollé Sesé, que afirmó que la reforma "ignora y vulnera la protección de los derechos humanos, permite la impunidad de los grandes criminales y debilita al Estado de Derecho".

Desde mediados de la década de los 90, el principio de Jurisdicción Universal ha permitido, investigar y juzgar fuera de los países de origen crímenes contra la humanidad o genocidios, como los perpetrados durante la dictadura militar Argentina, la chilena de Augusto Pinochet o de la guatemalteca.

La reforma aprobada en el Congreso de los Diputados español con los únicos votos del Partido Popular (centroderecha), con mayoría absoluta, limita los casos de jurisdicción universal en los que pueden intervenir los jueces españoles.

De este modo, los tribunales españoles sólo podrán investigar delitos de genocidio o lesa humanidad cuando la causa sea contra ciudadanos españoles o ciudadanos extranjeros que residan habitualmente en España o bien cuya extradición al país hubiera sido denegada.

La modificación, que contempla retroactividad, puede afectar a una docena de causas abiertas por la Justicia española, como la de la represión en el Tibet o el de la muerte del cámara de televisión español José Couso en 2003, en Irak, en el que se investiga a militares estadounidenses.