Expertos en transparencia comparecerán en el Congreso en pleno caso Bárcenas

Madrid, 22 ene.- El Congreso dará mañana un impulso al proyecto de ley de transparencia y buen gobierno en plena convulsión social por el caso Bárcenas y en un momento en el que la confianza de los ciudadanos en los políticos hace aguas, según todas las encuestas.

Tras meses de parón en su tramitación parlamentaria, en los que se ha ampliado hasta quince veces el plazo de enmiendas, resurge la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, el proyecto estrella de la "regeneración democrática" que lidera en el Ejecutivo la vicepresidenta y ministra de Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría.

El mismo día que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, acudirá a la Cámara a dar explicaciones por la supuesta regularización del dinero en Suiza del extesorero de su partido Luis Bárcenas, tres expertos en transparencia comparecerán en la Comisión Constitucional.

La sesión comenzará por la mañana con el director de la Agencia Española de Protección de Datos, José Luis Rodríguez Álvarez, y continuará a mediodía con el jurista Antonio Garrigues Walker, miembro del comité ejecutivo de Transparencia Internacional España.

A continuación está prevista la intervención del presidente de Transparencia Internacional España, Jesús Lizcano Álvarez.

Estas comparecencias, solicitadas por acuerdo del PP y el PSOE, tienen como objetivo enriquecer un texto que a día de hoy prevé sanciones como la destitución, la no percepción de la pensión indemnizatoria y la inhabilitación para los altos cargos que utilicen su puesto para obtener beneficio indebido para sí o para otro.

Las mismas consecuencias jurídicas recoge para casos de malversación de fondos públicos y de incumplimiento injustificado de la obligación de rendir cuentas, entre otros.

La ley establece un amplio catálogo de principios éticos y más de una treintena de infracciones, con sus correspondientes sanciones, de aplicación a los miembros del gobierno, secretarios de Estado y resto de altos cargos de la Administración del Estado y el sector público estatal.

Para evaluar el cumplimiento de esas obligaciones éticas, el texto crea la Oficina de Buen Gobierno y Conflictos de Intereses y la adscribe al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que dirige Montoro.

Sáenz de Santamaría y Cristóbal Montoro se convierten así en los guardianes de la legalidad y las prácticas éticas de los altos cargos del Gobierno.

Entretanto, el Congreso aguarda el "plan de regeneración democrática" que la vicepresidenta encargó al director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), Benigno Pendás, con medidas concretas para combatir el desapego social hacia las instituciones en un clima de corrupción y crisis.