Familiares de víctimas del franquismo testifican en el juicio contra Garzón

Madrid, 6 feb.- El juicio contra el magistrado español Baltasar Garzón por tratar de investigar los crímenes del franquismo prosiguió hoy en el Tribunal Supremo, con nuevos testimonios de familiares de desaparecidos, que defendieron su "derecho a saber" y negaron cualquier "afán de venganza".

"No tengo afán de venganza, pero quiero saber la verdad", dijo Olga Alcega, presidenta de la Asociación de Familiares de Fusilados y Desaparecidos de Navarra (AFFNA), que denunció la desaparición de más de 3.000 personas en esa región española.

Alcega, nieta de un fusilado en 1936, insistió, visiblemente emocionada, en que nadie "jamás" les ha prestado ayuda y en que lo que quiere es que su abuelo, que era cartero, "quede limpio".

"Ha habido 75 años de olvido de estas víctimas y todo el mundo ha mirado para otro lado, la administración, la justicia y la sociedad", subrayó, para justificar que decidieran denunciar ante la Audiencia Nacional, el alto tribunal en el que ejercía Garzón, suspendido de sus funciones desde 2010.

Tras ella declaró Rafael Espino, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera (Córdoba), que acudió a Garzón para denunciar la desaparición de 111 personas en esa localidad, entre ellas siete de sus familiares.

Según Espino, se decidieron a denunciar los hechos en 2008 cuando lograron el testimonio de una persona que había presenciado "como se producían los asesinatos" y sabía dónde se encontraba la fosa común en la que fueron enterrados los desaparecidos.

Tras una primera fase de exhumaciones en esa localidad, se recuperaron 55 cuerpos, entre ellos los de siete mujeres, todos con signos de violencia, "muchos con tiros en la nuca, las manos atadas o incluso calcinados", explicó.

Por su parte, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Cataluña, Manuel Perona, que fue uno de los primeros en denunciar en diciembre de 2006 desapariciones forzadas en la Audiencia Nacional, dijo que su organización contabilizó 1.900 desaparecidos en esa región.

El último en declarar hoy fue Pedro Fausto Canales Bermejo, presidente de la asociación de Memoria Histórica de la ciudad de Valladolid, hijo de un desaparecido en el verano de 1936, cuando él tenía solo dos años.

"Pretendíamos que se reconociera en sede judicial la desaparición forzada de 10 secuestrados, cuyos restos aún no se han podido recuperar", señaló ante las preguntas de la defensa de Garzón sobre por qué denunciaron.

El juicio contra Garzón por haberse declarado competente para investigar los crímenes del franquismo comenzó a finales de enero en Madrid.

Garzón es acusado de prevaricación por haber ignorado la Ley de Amnistía aprobada en España en 1977, en la transición de la dictadura a la democracia.

El juez instructor aceptó la querella presentada por la asociación ultraderechista Manos Limpias -que pide la inhabilitación de Garzón- mientras que la fiscalía no acusa y pide su absolución.

El magistrado -que alcanzó notoriedad internacional por perseguir a los represores de las dictaduras de Argentina y Chile- tiene abiertas otras dos causas judiciales, por ordenar escuchas a los acusados en un caso de corrupción y por unos cobros que recibió del Banco Santander durante unos cursos en Nueva York.

Numerosas organizaciones internacionales de derechos humanos y asociaciones de juristas se han solidarizado con Garzón, cuyos juicios en España también han generado una gran polémica y expectación.