En España se denunciaron cerca de 9.000 'okupaciones' en inmuebles entre enero y junio de este año, casi la mitad de las cuales tuvieron lugar en Cataluña, según los últimos datos facilitados por el Ministerio del Interior y recogidos por Europa Press. En concreto, el número total de denuncias por ocupación de inmuebles registradas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ascendió en ese periodo a 8.857. De ellas 3.770, el 42%, tuvieron lugar en Cataluña, con la provincia de Barcelona a la cabeza. Allí se contabilizaron 2.838, más del triple que en Madrid, que, con 813, es la segunda provincia de España con más ocupaciones.
La segunda comunidad en las que se denunciaron más hechos de este tipo en el primer semestre del año fue Andalucía, con 1.276 (el 14% del total). Destacan las 402 de Sevilla, seguida de las 225 de Málaga y las 208 de Cádiz. Por su parte, en la Comunidad Valenciana las denuncias llegaron a las 1093 (el 12%): 567 en Valencia, 367 en Alicante y 159 en Castellón. La cuarta en el ranking es la Comunidad de Madrid (con 813, el 9,1%), seguida de Castilla-La Mancha (387, el 4,3%), Murcia (338, el 3,8%) y Canarias (250, el 2,8%).
La comunidad con menos ocupaciones fue La Rioja, que registró 24 denuncias por este motivo. En Asturias hubo 31, en Cantabria 44 y en Navarra 51. Teruel es la única provincia en la que no se denunció ninguna ocupación en el primer semestre del año. En Soria y Zamora hubo tres; en Melilla, cinco; en Ourense, seis y en Ceuta, siete.
Estos son los datos que el Gobierno ha remitido a los diputados de Vox que pidieron conocer los motivos del alto número de ocupaciones en Cataluña. En su respuesta, a la que ha tenido acceso 'Europa Press', Interior achaca "el incremento de este tipo de delitos en los últimos años" a la "coincidencia de diversos factores". En concreto, destaca dos: que hay un "elevado número de inmuebles vacíos" y también de "personas que pierden su morada por deudas o pérdida de empleo por la situación económica derivada de la concatenación de crisis sanitaria de la Covid, la crisis de logística y de producción internacional", agravada por la invasión de Ucrania, y su "grave impacto sobre el precio de la energía y en los productos alimenticios básicos".
Con respecto a las medidas a adoptar para combatir este fenómeno delictivo, Interior recuerda que en 2020 la Secretaría de Estado de Seguridad estableció un protocolo específico para la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante la ocupación ilegal de inmuebles y que la Fiscalía General también impulsó una instrucción en el mismo sentido para orientar en el proceder de las actuaciones judiciales.
El PP va a forzar una votación esta semana en el Congreso para retar al PSOE a apoyar que haya que desalojar a los 'okupas' en un plazo máximo de un día frente a las 48 horas que defienden los socialistas en una enmienda a la reforma de la Ley de Enjuicimiento Criminal que hace unas semanas desató un nuevo enfrentamiento entre los dos partidos que conforman el Gobierno de coalición. El texto registrado por el PP, recogido por 'Europa Press', es una moción consecuencia de la interpelación que el primer partido de la oposición dirigió a principios de octubre a la ministra de Justicia, Pilar Llop. La tramitación de los Prepuestos para 2023 ha retrasado hasta esta semana el debate de la iniciativa, que se votará jueves en el Pleno.
El principal partido de la oposición compendia en la moción sus recetas para luchar contra la 'okupación' y cita en primer lugar que el desalojo se tenga que realizar cómo máximo en 24 horas desde el requerimiento si los ocupantes del inmueble no acreditan el título jurídico que legitime su permanencia en el mismo. También demanda que el desalojo sea inmediato en caso de flagrante delito, que se excluya el delito de allanamiento de morada de la competencia del Tribunal del Jurado, que se refuercen las penas por usurpación hasta con tres años de cárcel y que se mejore la protección jurídica frente a la actuación de las mafias.
Los 'populares' apuestan por considerar nula la inscripción de un ocupante ilegal en el padrón municipal y por prohibir que un inmueble ocupado pueda tener la consideración de morada o domicilio, de manera que los ocupantes no gocen de la misma protección que quien compra o alquila una vivienda. Otra de las propuestas del PP es que se legitime a las comunidades de propietarios a realizar aciones preventivas contra la ocupación y a poder acudir a las autoridades cuando en ausencia del propietario los ocupantes realicen actividades prohibidas, molestas, insalubres, nocivas o peligrosas. Por último, plantean que se devuelvan a los propietarios las cantidades del Impuesto de Bienes Inmuebles que haya abonado durante la ocupación y que conste como vivienda habitual el inmueble ocupado (si lo era antes) para que los dueños no sufran la pérdida de beneficios fiscales a los que tuvieran derecho.
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