El abogado especializado en derecho inmobiliario considera que la nueva Ley por el Derecho a la Vivienda añade inseguridad jurídica al mercado del alquiler, lo que termina repercutiendo en el mayor encarecimiento del parque.
La aseguradora que dirige Patricia Ayuela sigue elevando el número de clientes que deciden contratar la cobertura que protege ante la 'okupación' de la vivienda y señala que este fenómeno preocupa a 1 de cada 4 españoles.
Lidiar con la ocupación de una vivienda es una tarea complicada a nivel judicial. Explicamos los tiempos de desalojo y diferenciamos entre okupación y allanamiento.
Enfrentarse a la ocupación ilegal de viviendas puede ser difícil. Sin embargo, hay medidas que la comunidad de vecinos puede tomar para proteger sus propiedades, basándose en la legislación española.
Según lo datos presentados por la consejera delegada de la aseguradora, Patricia Ayuela, está teniendo una gran aceptación y más del 40% de los clientes está contratando esta cobertura, que tiene un coste anual de 10 euros.
Sostiene que esta estrategia de intervención pública, que ha aumentado notablemente en los últimos años, ha restringido más la contratación privada a la vez que aumentaban los precios y las dificultades de la población.
El Grupo Popular quiere derogar esta norma porque consideran que incluye medidas "intervencionistas y dirigistas contrarias a la libertad individual". Creen que el proyecto de ley va a contraer la oferta del mercado de la vivienda.
El Partido Popular plantea dar avales del 15% a los jóvenes para disponer de un mayor acceso a la compra y alquiler, y prepara ayudas de hasta 1.000 euros para los gastos objetivos que se generen en estas operaciones.
El presidente del PP ha añadido que su partido quiere recuperar las "grandes políticas de vivienda" y proyectar más promociones sociales, porque ha considerado que los precios se bajan "construyendo más".
La iniciativa de los populares, pactada con Ciudadanos y Vox, también demandaba que el desalojo fuera inmediato en caso de flagrante delito y reforzar las penas por usurpación, entre otras propuestas.
Demanda que el desalojo sea inmediato en caso de flagrante delito, que se excluya el delito de allanamiento de morada de la competencia del Tribunal del Jurado y que se refuercen las penas.
Teruel es la única provincia en la que no consta ninguna denuncia por esta práctica, que ha aumentado de en los últimos años sin ningún instrumento legal para frenarla. El PP propone desalojos exprés de 24 horas.
El Partido Popular propone una ley que permita desalojar en 24 horas a okupas de inmuebles y castigue con penas de hasta tres años de cárcel.
Un juicio por precario persigue la recuperación de la posesión de una vivienda ocupada por alguien sin pago de renta o merced, ni razón de derecho distinta de la mera liberalidad o tolerancia del propietario.
La comunidad de propietarios no tiene legitimidad para obtener el desalojo de los 'okupas' porque no son los dueños, pero sí pueden interponer una demanda si realizan actividades molestas o en su contra.
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Los propietarios personas físicas pueden interponer una demanda que se resolverá en un plazo de 5 días si no se entrega la documentación requerida.
Una pareja de jubilados franceses vivió un calvario durante 20 días. Una familia de 'okupas' cambió la cerradura y permaneció en la vivienda pese a la presión mediática y vecinal.
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Los vecinos denuncian que han tenido que cortar la luz del edificio porque los recién llegados han forzado el cuarto de contadores para obtener luz y agua, y han subido las facturas de los residentes a 1.00 euros.
Desirée intentó mediar tras un enfrentamiento con su hijo y relata que de repente cayó al suelo, quedó inconsciente y la siguieron golpeando. "Nos han amenazado y a la testigo también si va al juicio", denuncia.
Se ha acordado que será el Juzgado de Guardia el que se encargará de forma inmediata de enjuiciar los delitos leves de usurpación, lo que permitirá reducir considerablemente los tiempos de respuesta.
Algunas comunidades cuentan con normativa más estricta para sancionar a los okupas y evitar la sensación de inseguridad entre los ciudadanos.
Según la Policía Nacional, la víctima se encontraba fuera para recibir tratamiento médico por una grave enfermedad y al regresar a su casa descubrió que alguien le había cambiado la cerradura y vivía dentro.
El vecino de Mataró se enteró a través de las redes sociales de que se habían ido a Ibiza. Ahora, el propietario se enfrenta a delitos de coacciones y allanamiento de morada.
Al percatarse de lo ocurrido, los vecinos avisaron al propietario del inmueble, que se presentó en el lugar y alertó a la mujer de que debía abandonar la vivienda.
La diferencia entre ambos conceptos radica en el uso del inmueble por parte del propietario, lo que implica diferente delito, forma de proceder y penas previstas para los 'okupas'.
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