Fiscal de caso Bankia: CNMV y Banco de España dan información con cuentagotas

Madrid, 10 dic.- El fiscal del caso Bankia, Alejandro Luzón, ha afirmado que instituciones como la CNMV y el Banco de España "facilitan con cuentagotas información" y que el retraso en la instrucción en los grandes casos de corrupción económica se debe a la tardanza de sus funcionarios en elaborar los informes.

Durante su participación esta tarde en la conferencia "Anticorrupción y transparencia" organizada en Madrid por el Consejo de la Abogacía Española, Luzón ha criticado la falta de colaboración institucional a la hora de investigar casos de delincuencia económica.

"La cooperación institucional -ha dicho- debe mejorar extraordinariamente, tenemos instituciones como la CNMV, la IGAE (Intervención General del Estado, dependiente de Hacienda), el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (dependiente de Economía) y el Banco de España que facilitan con cuentagotas información y proporcionan con todavía más restricción a algunos de sus escasos funcionarios".

A este último respecto, ha considerado "absolutamente excepcional" que el Banco de España haya asignado en exclusiva a dos de sus peritos para trabajar a las órdenes del instructor del caso Bankia en la Audiencia Nacional, Fernando Andreu.

Para Luzón, "gran parte de los retrasos que se producen en algunas de las causas de más importancia en materia de corrupción de delincuencia económica en España se debe al retraso de elaboración de informes periciales por parte de estos funcionarios".

El fiscal anticorrupción cree que en España falta un "verdadero compromiso" en la colaboración institucional, y a modo de ejemplo de lo que ello significa ha explicado que "en unos huevos con jamón, la gallina está implicada mientras que el cerdo está comprometido".

Luzón ha mostrado su preocupación por el "progresivo interés que la delincuencia organizada ha tomado por los delitos de corrupción", que se debe, por un lado, a que tienen menor rechazo social que los de terrorismo o narcotráfico y, por otro, a que "conseguir una condena en España por delitos de corrupción sigue siendo hoy mucho mas complejo y difícil".

La criminalidad organizada, ha dicho, "necesita del poder político para asegurar su impunidad", y ha añadido que en muchas ocasiones queda impune por la falta de tipificación delictiva.

En este sentido, Luzón se ha inclinado por incluir en el Código Penal el delito de enriquecimiento ilícito de los funcionarios para que no ocurra como en el caso Fabra y se acabe condenando por delitos fiscales a políticos cuyo incremento patrimonial no se ha podido justificar.

Al final, ha indicado, los fiscales tienen que recurrir a la "solución parcial, insuficiente e inadecuada" que supone el delito fiscal, por el que están condenando "de manera residual" a funcionarios con enriquecimientos injustificados.

Se ha mostrado en contra, en cambio, de aumentar las penas en materia de corrupción, una medida, en su opinión, "demagógica" que generaría el efecto contrario, es decir, que los jueces no las aplicaran por "vértigo" a que fueran demasiado altas.

También ha abogado por facilitar a las personas que "ven el delito delante de sus narices" que puedan denunciarlo, ya que muchas en España no lo hacen por "evitar quedar estigmatizado" o, en el caso de los empresarios, porque reina en su ámbito "la ley del silencio".

Según Luzón, habría que proteger a esas personas, como se hace en el mundo anglosajón con la figura del "whistleblower", para no tener que recurrir a denuncias anónimas o a denuncias a los medios de comunicación protegidas por el secreto de la fuente.

Finalmente, Alejandro Luzón, que se ha encargado de temas tan mediáticos como la causa contra el exdirector de la Guardia Civil Luis Roldán, Tabacalera, Fórum y Afinsa, ha afirmado que es necesario que se creen jueces instructores y juzgados y tribunales especializado en la delincuencia económica por ser una materia especialmente "compleja".