Fiscal rebaja en 2 años su petición de pena para miembros de D3M y Askatasuna

San Fernando de Henares (Madrid), 17 may.- La Fiscalía ha rebajado entre dos años y dos años y siete meses su petición de pena para once de los trece miembros de Askatasuna y D3M que están siendo juzgados en la Audiencia Nacional por pertenecer o colaborar con ETA y ha retirado su acusación para los otros dos.

Así lo ha anunciado el fiscal Vicente González Mota durante la exposición de su informe de conclusiones finales, en el que ha decidido no dirigir su acusación de integración en ETA contra el representante legal de Demokrazia 3 Milioi ante la Junta Electoral de Álava, Fernando Antia, y contra Aitor Ligerzana, que está preso por otra causa.

El fiscal sí ha solicitado al tribunal que imponga una pena de seis años y cinco meses de prisión -en lugar de los nueve años que solicitaba inicialmente- a la portavoz de D3M Amparo Lasheras y a Arantza Urkaregi, Elisabeth Zubiaga, Iker Rodrigo, Imanol Nieto, Agurtzane Solabarrieta, Hodei Egaña, Unai Berrostegieta y Zuriñe Zorrozua, a los que acusa de pertenencia a banda terrorista.

Además, ha pedido cinco años de cárcel -frente a los siete que solicitaba anteriormente- para el presidente de Askatasuna, José Antonio Munduate, y para su secretario Xabier Isasa, a los que imputa un delito de colaboración.

González Mota se ha atenido así a los "criterios de proporcionalidad" establecidos la semana pasada por el Tribunal Supremo en la sentencia del "caso Bateragune", en la que redujo de diez años a seis años y medio de prisión la pena impuesta por la Audiencia Nacional al exdirigente abertzale Arnaldo Otegi al considerar que no debía ser condenado en calidad de dirigente.

Según el fiscal, en el caso de las plataformas Askatasuna y D3M, ilegalizadas por el Tribunal Constitucional en 2009, los once acusados no formaban parte de una simple "oferta electoral", sino de "un producto" diseñado por ETA para ser utilizado en su estrategia de desdoblamiento político.

González Mota ha solicitado al tribunal que excluya en su decisión cualquier principio de oportunidad y equidad derivados del contexto político y tenga sólo en cuenta el de legalidad y seguridad jurídica.

En este punto, ha vuelto a aludir a la sentencia del "caso Bateragune", en el que las defensas de los acusados reclamaron un análisis de la prueba que tuviera en cuenta el escenario creado por la decisión de ETA de abandonar la violencia.

De esta forma, el fiscal ha recordado que el caso de las plataformas ilegalizadas es anterior al intento de reconstrucción de Batasuna por parte de Otegi y que no consta ni un solo documento en el que se renunciaran al uso de la violencia.

"Ustedes sí que han ejecutado fielmente la estrategia diseñada por la organización terrorista y ese mecanismo debía procurar el desgaste del Estado", ha subrayado.

Por su parte, la abogada Jone Goirizelaia ha pedido a los magistrados que dicten una sentencia absolutoria no sólo porque considera que a sus representados sólo se les acusa de participar en política, sino también para que "corrijan" la percepción que existe en el País Vasco de que "los tribunales españoles tienen una vara de medir distinta" dependiendo de los casos.

La vista ha terminado con el turno de última palabra de Lasheras, que ha expresado en nombre de todos los acusados su "no rotundo" a "este tipo de juicios políticos" en el que se "excluyen y condenan ideas" y ha exigido la defensa de la libertad de expresión y la "participación política de todos los proyectos".