Fiscales abogan por una dotación "estructural" de medios contra la corrupción

San Sebastián, 11 dic.- Fiscales de Euskadi, Cantabria, Navarra y La Rioja han debatido hoy en San Sebastián sobre la lucha contra la corrupción, una labor para la que creen que son necesarios más recursos humanos y materiales y que, como ha destacado el fiscal jefe de Álava, Josu Izagirre, tienen que ser"estructurales".

"No se puede decir que el combate contra la corrupción pertenece a un determinado ámbito o una determinada región, debe contar con una dotación estructural", ha asegurado Izagirre, en declaraciones a Efe, en la jornada "El Ministerio Público y la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada" auspiciada por la Asociación de Fiscales (AF).

Conrado Sáiz, de la Fiscalía Anticorrupción, opina además que no sólo es preciso aumentar las plantillas de fiscales, sino también las de las unidades que les dan apoyo, tanto de la Agencia Tributaria y la Intervención General de la Administración del Estado como de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Fernando Sánchez, comandante de la Unidad Operativa de la Guardia Civil y jefe del Grupo de Delitos contra la Administración, ha sido uno de los ponentes de la jornada. Distingue entre las fiscalías con unidades policiales adscritas, como Anticorrupción y las provinciales, y las que "no tienen absolutamente nada".

Lo que debe conseguirse, ha indicado a EFE, es un modelo de pequeñas unidades para que den apoyo directo a las que no lo tienen ahora, algo que considera cuestión "de presupuesto y voluntad".

Ha explicado que en 2007 se "potenciaron" las unidades de investigación policial, lo que conllevó que "aflorasen más casos con repercusión pública".

Advierte, no obstante, de que "no se puede llegar a la conclusión" de que si esa dotación se hubiera reforzado con anterioridad, esos asuntos se habrían descubierto antes.

"La adscripción de más medios a distintos tipos de investigación la da la evolución de los hechos del día a día. Hubo una época en la que se potenció la investigación urbanística y se crearon grupos para ello. Luego estalló la burbuja inmobiliaria y lo que se crearon fueron grupos anticorrupción que asumen más allá del urbanismo", ha destacado.

Ha resaltado la "complejidad" de la investigación de este tipo de delitos, porque implican tareas como la inspección de cuentas bancarias o la preparación de comisiones rogatorias internacionales, "lo que hace que los procesos se dilaten".

El fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro cree que "sería positivo" que se estableciera un plazo para instruir las causas penales, como ha previsto el Gobierno en el proyecto para reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero agrega que debe haber unos límites "flexibles" para aquellas causas que no pueden concluirse "en un plazo normal".

El fiscal Conrado Sáiz piensa que es necesario que la fase de instrucción del procedimiento penal registre "algún tipo de modificación que permita agilizar la instrucción y la investigación judicial".

"Hay que corregir la cantidad de recursos que tiene el propio procedimiento. Son precisos mecanismos que faciliten la creación de piezas separadas. Eso permitirá la agilización del enjuiciamiento de estos grandes procedimientos de corrupción", ha destacado.