Santiago de Chile, 8 ene.- La Fiscalía chilena pidió hoy el procesamiento de los dueños del grupo Penta, a quienes acusa de soborno y delito tributario por prácticas relacionadas con las elecciones parlamentarias celebradas en 2013.
La solicitud de la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad va dirigida contra Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, controladores del grupo Penta, un conglomerado económico que administra activos por valor de 20.000 millones de dólares.
El requerimiento también afecta a Pablo Wagner -quien fue subsecretario de Minería en el Gobierno del conservador Sebastián Piñera (2010-2014)-, que está siendo investigado por delitos de cohecho y lavado de activos.
La solicitud de procesamiento se extiende también al gerente general corporativo del grupo Penta, Manuel Antonio Tocornal; el asesor del grupo económico, Carlos Bombal, y el representante legal de Inmobiliaria Los Estancieros S.A., Samuel Irarrazaval Larraín. En estos casos la imputación es sólo por delito tributario.
La solicitud, presentada hoy ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, se concretó después de que varios de los ejecutivos fueran interrogados extensamente en los últimos días con el fin de esclarecer el uso de recursos económicos que supuestamente fueron entregados de manera fraudulenta a varios políticos durante las elecciones parlamentarias de noviembre de 2013.
La investigación judicial, cuyo secreto sumarial fue levantado recientemente, ha sacado a la luz correos electrónicos enviados a los directivos de Penta que ponen en evidencia a políticos presuntamente beneficiados por financiación ilegal durante sus campañas electorales.
Entre estos figuran Iván Moreira, Pablo Zalaquett, Laurence Golborne y Ena Von Baer, todos ellos vinculados con el partido ultraconservador Unión Demócrata Independiente (UDI), y Felipe Kast, del Partido Evolución Política, de centroderecha.
También aparecen salpicados el exministro de Hacienda y excandidato presidencial independiente de centro Andrés Velasco y el actual ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga.
El abogado del Grupo Penta, Julián López, afirmó este jueves en rueda de prensa que "los hechos han demostrado que la Fiscalía no tiene cargos que demostrar" contra sus representados en el lavado de activos.
López aseguró que el requerimiento de la Fiscalía "es sólo una presentación mediante la cual se pide la fijación de una audiencia" y no es el acto mediante el cual se informa de los hechos investigados por la Fiscalía.
Explicó que los dueños de Penta han contribuido a que los hechos se esclarezcan y que en esa línea apenas tuvieron "acceso a la investigación", sus "representados acudieron voluntariamente ante el fiscal y prestaron una declaración que la propia Fiscalía ha considerado útil".
Indicó que ni Lavín ni Délano están relacionados de ninguna manera en el caso del fraude al Fondo de Utilidades Tributarias (FUT).
Creado en la dictadura militar, el FUT corresponde a las utilidades no retiradas que genera una empresa, las que al no quedar registradas en la base imponible, los empresarios no pagan impuestos sobre ellas.
No obstante, el abogado señaló que Délano y Lavín no pretenden eludir la responsabilidad que les cabe como socios fundadores y representantes legales de esas sociedades.
La polémica por la financiación de las campañas políticas, que en Chile permite aportes reservados de empresas privadas, surgió a raíz de la investigación abierta por la Fiscalía a los principales socios del grupo Penta por fraude al Fisco.
De hecho, el Servicio de Impuestos Interno (SII) denunció a los dueños de Penta como autores de delito tributario por la emisión indebida de boletas de honorarios y facturas falsas con el fin de disminuir la base imponible del impuesto a la renta por unos 2.000 millones de pesos (3,38 millones de dólares).
Hugo Bravo, exejecutivo de Penta, fue quien abrió el capítulo político del caso al denunciar ante el Ministerio Público que el grupo controlado por Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín financiaba las campañas de la UDI con dinero proveniente de negocios ficticios que acreditaban con boletas y facturas falsas.
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