Fiscalía descarta actuar tras un documental que denuncia un montaje judicial

Barcelona, 19 ene.- La Fiscalía ha descartado hoy actuar de oficio para revisar el llamado "caso del 4F", que ha recobrado notoriedad tras la emisión en Televisió de Catalunya (TVC) de un documental en el que se denuncia un montaje judicial para encarcelar a tres jóvenes que hirieron de gravedad a un guardia urbano en Barcelona.

Según han informado a Efe fuentes jurídicas, la Fiscalía no tiene previsto actuar de oficio ante el caso del 4F, en el que los condenados por la agresión -el 4 de febrero de 2006- a un guardia urbano de Barcelona, que quedó en estado vegetativo, denunciaron ser víctimas de torturas y de un montaje policial y judicial.

El documental, que se estrenó hace un año y medio, recoge la versión exculpatoria de los tres jóvenes, siembra dudas sobre el testimonio de cargo de dos urbanos -que en otro proceso posterior fueron condenados por torturas- y se centra especialmente en la figura de otra de las condenadas, Patricia Heras, que se suicidó en un permiso penitenciario tras proclamar su inocencia.

La emisión el pasado sábado de "Ciutat Morta" (Ciudad Muerta) en TVC ha vuelto a dar visibilidad a este caso, hasta el punto que el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Joaquim Forn, ha anunciado hoy que el consistorio enviará un escrito a la Fiscalía en el que adjuntará el documental y le pedirá que actúe en caso de que considere que hay nuevas pruebas.

Sin embargo, las fuentes jurídicas consultadas por Efe han remarcado que la Fiscalía no da al documental un valor de prueba jurídica, por lo que no se plantean actuar de oficio.

Otra cosa sería, apuntan las mismas fuentes, que se hiciera llegar a la Fiscalía una prueba que permitiera descartar la participación en los hechos de Patricia Heras -la condenada que se suicidó durante un permiso penitenciario después de que el Supremo confirmara la sentencia- o sobre la implicación de un tercero en los hechos.

Si el ministerio público recibiera este tipo de prueba nueva, elaboraría un informe que elevaría ante la Fiscalía del Tribunal Supremo, para que valorara la interposición de un recurso de revisión, que es por ahora la única opción posible, según las fuentes jurídicas consultadas, para volver a investigar el caso.

Los hechos ocurrieron la madrugada del 4 de febrero de 2006, a las puertas de una fiesta celebrada en una finca ocupada de titularidad municipal en la calle Sant Pere Més Baix de Barcelona, donde un guardia urbano cayó herido tras recibir el impacto de un objeto en la cabeza.

La primera versión del entonces alcalde, Joan Clos (PSC), fue que el agente resultó herido al recibir el impacto de una maceta arrojada desde la finca ocupada, pero finalmente la Guardia Urbana -en un relato que asumió la Fiscalía- acusó de los hechos a tres jóvenes que se encontraban en la calle.

Los jóvenes, de nacionalidades chilena y argentina, fueron detenidos, juzgados y condenados a cinco años de prisión por arrojar una piedra que hirió al agente, en unos enfrentamientos entre un grupo de personas y la policía municipal.

Además, tras el juicio -en el que el tribunal vetó la petición de las defensas de que se citara a Clos como testigo- también se condenó a tres años a una chica y a un amigo suyo por arrojar una valla contra los agentes, en plena trifulca, si bien ambos siempre sostuvieron que nunca estuvieron en el lugar.

La chica, Patricia Heras, que se suicidó durante un permiso penitenciario, fue detenida en el Hospital del Mar, donde según su versión acudió en ambulancia para que la asistieran tras caer cuando iba en bicicleta, si bien los agentes la identificaron como una de las personas que participó en la batalla de Sant Pere Més Baix, al reconocerla por su peinado.

Con posterioridad, en el año 2011, dos de los tres agentes compañeros del urbano herido, que fueron testigos de cargo en el juicio del 4F -ya que su declaración fue clave-, fueron condenados en otro caso por torturar a un joven, hijo de un diplomático de Trinidad y Tobago, y por falsear un atestado para detenerlo.

A raíz de esta condena, los compañeros de los encarcelados por el 4F emprendieron una campaña para tratar de reabrir el caso, si bien sus intentos fueron en vano, al tratarse de dos procedimientos distintos.