La Fiscalía de la Comunidad de Madrid ha pedido al titular del juzgado de instrucción número 41 que archive la causa abierta contra el alcalde de la capital, José Luis Martínez- Almeida. El Ministerio Público alega que el edil no cometió delito de prevaricación al mantener cerrados los parques y jardines porque se trata de una medida que no vulnera la legalidad, como así lo expuso el querellante en un escrito que dio lugar a la apertura de esta investigación. Es por ello que reclama que rechace la petición de reabrir los parques y jardines cerrados al público, tal y como había requerido el denunciante.
El Ministerio Público pide también que se cierre el caso para el concejal de Medio Ambiente, Borja Carabante, y que por tanto, deje sin efecto las comparecencias previstas para el próximo 23 de mayo en el juzgado madrileño. Según razona, ni la denuncia ni el auto incoado por el magistrado Juan Carlos Peinado aclaran cual es la resolución que tildan de arbitraria y añade que se desconocen las personas que la dictaron desde el consistorio de la capital.
El abogado que actuó contra los ediles populares apuntó que, con la decisión de no reabrir los parques y jardines de la capital, habían vulnerado la legalidad vigente aunque el Ministerio Público no ve que se haya actuado de un modo "evidente, flagrante y clamoroso". Además, responde que no hay indicios que puedan apreciar un "torcimiento del derecho de manera grosera, clara y evidente" y por eso solicita el archivo de las actuaciones. En lo que respecta a la redacción de la norma contra la que actúa el denunciante, asegura que no deja claro que se le pueda atribuir al alcalde y al concejal y que llama "poderosamente la atención" que pese a no saber quienes son los autores de la misma se le atribuya a los dos ediles delito de prevaricación.
Identificar la resolución
La Fiscalía va más allá y asegura que la medida que ahora se cuestiona incluso se pudo dictar por alguien que carece de competencias para ello y, por eso, explica al juez que para atribuir delito de prevaricación en este caso al alcalde de la capital y a su concejal, es "indispensable" determinar la resolución que se presume como arbitraria. Explica al respecto que para que efectivamente una medida se pueda considerar contraria a la Ley ésta tiene que recoger en su redacción algún punto que sea contrario a Derecho o bien porque falte una fundamentación jurídica razonable.
En este caso concreto, el fiscal de la Comunidad de Madrid entiende que la medida de mantener los parques y jardines cerrados con motivo de la fase uno no se puede entender como algo arbitrario puesto que son lugares que pueden considerarse como posibles fuentes de contagio de coronavirus porque se pueden dar aglomeraciones. Igualmente y en lo relativo a la alegación del denunciante de que el alcalde y el concejal carecen de competencia para adoptar esta medida, la Fiscalía se remite a la Orden SND/380/2020 de 30 de abril sobre las condiciones que regulaban los paseos y la práctica de deporte de los ciudadanos con motivo de la entrada en la bautizada como 'desescalada'.
De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, esta orden deja claro que son las autoridades locales las que "facilitarán el reparto del espacio público a favor de los que caminan y de los que van en bicicleta, en ese orden de prioridad". De ahí que concluya que es el ayuntamiento el que tiene la competencia para decidir si procede a abrir o no los parques de la ciudad siempre en el marco de las órdenes que reciban del Ejecutivo. Con todo, el propio Almeida ha avanzado este mismo jueves que los grandes parques de Madrid, como el Retiro o la Casa de Campo, abrirán "de forma inmediata" cuando Madrid pase a la fase 1 de la desescalada, hecho que se espera que se produzca a partir del próximo lunes.
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