"¿Qué pasa con la pasta que sale del banco? ¿Cómo se explican los 200.000 euros que salen en el 2011? Si la he entrado en España, es blanqueo de capitales, ¿verdad?". Como si de una profecía se tratara, el primogénito del clan Pujol, Jordi Pujol Ferrusola, se hizo estas preguntas en su agenda personal que la Audiencia Nacional incautó en el marco de la operación abierta contra él y toda su familia por blanqueo y organización criminal. Estas cuestiones, que dejó en el aire, son las que ha ido resolviendo la investigación abierta en 2012 hasta llegar a culminar con el cierre de un caso que ha dejado a los pies del banquillo a toda la familia y otras 18 personas más.
El magistrado José de la Mata ha zanjado una de los procedimientos más complejos que se han seguido en los últimos tiempos en la Audiencia Nacional concluyendo que existen indicios para llevar a juicio al expresidente catalán, su mujer Marta Ferrusola y sus siete hijos por la gestión de una fortuna que se comenzó a amasar en el año 1990. De hecho, el instructor explica en un auto por el cual transforma las diligencias en procedimiento abreviado, que el clan no dio ni una explicación "razonable y contrastable" acerca de que el patrimonio provenía de una herencia secreta del abuelo Florenci. Además, asegura que en estos años de investigación, "no se ha aportado elemento alguno que permita contrastar la veracidad" de la versión prestada por los acusados.
Más bien al contrario, el auto del instructor desgrana al detalle no solo la ejecución de la familia para guardar la fortuna en el extranjero y repatriarla paulatinamente hasta ya comenzado el procedimiento penal sino, que también recoge 'el modus operandi' de Pujol Ferrusola con otros empresarios implicados en el caso. A ellos les acusa de colaborar con una organización criminal "perfectamente estructurada" en la que cada miembro tenía un rol. El liderazgo lo ostentó el expresidente catalán Jordi Pujol Soley y su mujer Marta Ferrusola, autodenominada como "la madre superiora de la congregación". En el siguiente escalafón se encontraba el hijo mayor, a quien el juez le atribuye la gestión y el control del patrimonio familiar y ya por debajo el resto de hermanos.
Deuda con Hacienda de 14 millones
El auto del titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 le atribuye a Jordi Pujol Ferrusola un papel principal en lo que respecta al movimiento del capital así como a operaciones con empresarios en México consistentes en la firma de contratos por servicios inexistentes o de préstamos por actividades que nunca llegaron a producirse. El motivo por el cual el magistrado implica a empresarios y cercanos a la familia en los pagos es porque muchos de éstos retornarían en forma de adjudicaciones ilícitas. Recuerda al respecto que las sociedades del hijo mayor del clan y de Mercé Gironés (su expareja y denunciante del caso) llegaron a amasar 11 millones de euros supuestamente por tareas de asesoramiento a un conjunto de empresas ligadas a concursos públicos de tipo urbanístico en un momento en que Pujol Soley era presidente de Cataluña.
De la Mata traza una línea de tiempo que va desde 1992 a 2014. Asegura que en este periodo se mantuvo estable la organización criminal, la cual aprovechó su posición privilegiada en la vida política de Cataluña para acumular "un patrimonio desmedido directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas". De este modo, comenzaron abriendo cuentas bancarias en Andorra a principios de los noventa y las alimentaron con ingresos ilícitos (generalmente en efectivo) para "garantizar la opacidad". Posteriormente y siempre de manera organizada, procedieron a cerrar esas cuentas bancarias para depositar las ganancias obtenidas en sociedades 'offshore' como Kopeland, Cliperland, Paty, Doral y Doneran.
Finalmente, ya en 2014, terminaron cerrando esas estructuras. En este nuevo capítulo algunos de los miembros de la familia optaron por regular su situación con Hacienda aunque otros, como Jordi Pujol Ferrusola, prefirieron girar sus recursos a México. De hecho, resultado de las comisiones rogatorias cursadas a esos países es la suma de 14 millones de euros que el hijo mayor del expresidente del Govern dejó de pagar de IRPF entre los ejercicios de 2002 y 2012, si bien los comprendidos hasta el año 2006 estarían prescritos. Por su parte, Hacienda atribuyó al exmandatario regional un fraude de 885.651,45 euros en el ejercicio del IRPF relativo al año 2000, el cual también estaría prescrito.
Comisiones de 11 millones
A lo largo de 509 páginas, De la Mata describe las operaciones por las que el clan recibió "sin justificación económica ni razón alguna" un flujo continuo de dinero. Y, además, incluye en sus planes a los gestores de la entidad bancaria andorrana Andbank, a los que acusa de cooperar plenamente con este "anómalo sistema". Así, entre las gestiones que esconderían un tráfico de influencias destacan la construcción del Vertedero de Vacamorta en Cruilles (Girona). La operación, con la que Pujol Ferrusola se embolsó 5,2 millones de euros a comienzos de la anterior década, salió adelante con los permisos del Ejecutivo regional (gobernado entonces por Pujol Soley) pese a que la Justicia ordenó su paralización y cierre hasta en tres ocasiones.
Mismo 'modus operandi' se produjo con la licitación de otros vertederos como el de Tivissa o Alcarrás, o con su intermediación para que Lluis Badía, expresidente del Puerto de Tarragona, concediera puntos de atraque a un empresario que, a cambio, le pagó un total de 9 millones de pesetas en 1998. Los hechos se repitieron también con la concesión de avales públicos a empresas cercanas a la familia o con 'pelotazos' urbanísticos en Palamós (Girona). De entre estos pagos "multimillonarios" destacan los 11,4 millones que percibió de Delso Heras (Isolux) en la operación Azul de Cortés (en la región mexicana de Baja California), aunque no fue el único: en 2001 esta misma empresa les abonó 45,8 millones de pesetas también por intermediar en sus negocios.
Todo ello lleva al juez a concluir que los acusados en este procedimiento habrían cometido delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y falsedad documental. "La particularidad concurrente en esta causa es que en muchos casos, para perfeccionar el engaño, se ligaban los contratos de supuesta intermediación a operaciones económicas reales (...). La cuestión no está en que, en efecto, no exista la más mínima evidencia de que tales servicios existieran. La cuestión está en que, en muchos casos, las partes intervinientes en tales negocios afirman tajantemente que tal asesoramiento o intermediación no se produjo en ningún caso, relatando la forma real en que la operación se llevó a cabo y que, desde luego, no incluía a la familia Pujol Ferrusola", sentencia el magistrado en su auto.
