Es inimaginable un estado sin funcionarios. No existe tampoco su mención sin la idea de un privilegio, un chollo: un puesto a perpetuidad sin los vaivenes del mercado, del patrón, de un posible despido: un funcionario lo es de por vida. Quizá haya discutido con alguno de ellos. Su posición es relativamente moderna. Trataba de paliar un problema mayor.
La perpetuidad en los puestos de la administración ha sido tradicionalmente en España la principal razón por la cual han tenido mala prensa a lo largo de dos siglos, como también la tuvieron en la corte de los antiguos reinos e imperios por similares y diferentes razones: una extensión del nepotismo de la realeza. No varió durante todo el XIX.
La lógica moderna surgió, sin embargo, cuando los estados soberanos del siglo XIX se enfrentaron con un problema inmediato al avanzar en las nuevas estructuras de gobierno y el parlamentarismo ¿Cómo podía articularse la alternancia si los funcionarios eran parciales, es decir que eran fieles al gobierno que les hubiera nombrado? No hay más que echar un ojo ahora al Poder Judicial: el cuerpo de funcionarios más sensible de todos por lo que representa.
Lo que se discutía entonces era obvio: la defensa de las instituciones estatales, de la función pública, su funcionamiento y su ejecución, correrían a cargo de los simpatizantes de los gobernantes de turno, luego el sistema se escoraría irremisiblemente. Fue la tónica del siglo XIX con una red clientelar y caciquil en la cual el que ganaba imponía a los suyos.
En España, una huelga en 1918 de funcionarios que siguió a la general de un año antes, tuvo una repercusión decisiva. El funcionariado obtuvo la condición de trabajo permanente, lo que a la larga serviría para ser caricaturizado también a perpetuidad como la clase de vago que cuelga el cartel de 'Vuelva usted mañana'.
Está en las viñetas del recientemente fallecido Quino cuando retrataba una mastodóntica y deshumanizada administración en Argentina. Es prácticamente universal. En España, sin embargo, supuso la destrucción de la red de nepotismo que rampaba en la administración al tiempo que creó una nueva clase absolutamente crucial en el devenir posterior.
¿Cuál era la contrapartida de un cuerpo de funcionarios independientes del gobierno? Una teórica institución en sí misma formada durante años en las estructuras del estado, con atribuciones y deberes y por supuesto con la perpetuidad en sus puestos de trabajo. Técnicamente los funcionarios servían al estado, no al gobierno, aunque los puestos clave de la jerarquía siguieran en manos del ejecutivo.
La Guerra Civil se lo llevó todo por delante. Uno de los detonantes fue sin duda la propia reforma administrativa del Ejército que llevó a cabo Manuel Azaña como ministro de la Guerra en el gobierno provisional de 1931, que cerraba de un carpetazo el ascenso en el escalafón a los africanistas como Franco, Mola, Varela, Millán-Astray que habían ascendido meteóricamente durante la Guerra del Rif. La lista coincide casi milimétricamente con la de los sublevados del 18 de julio de 1936.
La victoria del bando nacional supuso una reinvención del cuerpo: una historia apenas escrita es la irremediable depuración de la administración. Una purga menos sangrienta que la de la represión de los tribunales sumarísimos militares pero terriblemente cruel. La creación del nuevo estado franquista supuso además una nueva hornada de funcionarios y ascensos por simpatías con la 'causa nacional'.
Para entonces, se convirtieron ya en un pilar de la economía: retribuciones fijas, pensiones garantizadas, trienios… una clase sin duda privilegiada al tiempo que denostada por su supuesta ineficiencia basada en su mismo principio: que no fuera presa de la voracidad del ejecutivo. Era irrelevante en el franquismo, lógicamente, lo que avivó sin duda la imagen de cuerpo preferente ligado además a una dictadura.
Tardaría en resolverse por un mero cálculo generacional: la Transición fue política y más lentamente administrativa. Antes de eso el franquismo revisó la administración en los 60 al hilo del reformismo de los ministros del Opus Dei y entre algunos cambios estructurales -no cambió por supuesto la adhesión a los principios del Movimiento- introdujo además la contratación de personal laboral no adscrito a la administración, que se mantuvo posteriormente y que acarrearía que en algunos casos fueran admitidos como funcionarios ya en democracia al interpretar los tribunales que ejercían la misma función. No se modificó hasta la primera legislatura del PSOE tras su victoria en las elecciones de 1982. La percepción sobre el funcionario no varió prácticamente nada, el desayuno a las 10, el café a las 12…
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