Se calificaron de históricas y se vendieron como una señal inequívoca de la apuesta gubernamental por la importancia esencial de los servicios públicos, pero un puñado de meses después lo único cierto es que de las más de 27.500 nuevas plazas de funcionarios ofertadas en el marco de las 'megaofertas' de empleo público de 2018 y 2019 a día de hoy únicamente se han cubierto 621. Así lo atestigua un demoledor informe publicado este lunes por la Federación de Servicios Públicos de UGT, que señala directamente a la pereza de la Administración a la hora de sacar las plazas a concurso y a la demora a la hora de realizar los nombramientos una vez que esos concursos se han sustanciado para explicar la ínfima tasa de cobertura sobre las plazas ofertadas en su día, y que advierte de que esta situación está conduciendo de forma irremediable a los servicios públicos al colapso.
El tono de los sindicatos mayoritarios dista hoy una barbaridad del entusiasmo demostrado cuando se pactaron las ofertas de empleo público de 2018 y 2019, que en su día se interpretaron como un paso adelante en el necesario reforzamiento de las plantillas públicas tras una década de erosión permanente. "En este momento hay 19.792 plazas de ingreso libre comprometidas entre 2018 y 2019 que no avanzan, cuando alrededor de la mitad de esos procesos ya cuentan con aspirantes que han superado las pruebas selectivas y llevan meses esperando la selección de destinos y la publicación de sus nombramientos", denuncia José Manuel Vera, secretario general de Administración General del Estado de CCOO.
La Federación de Servicios Públicos de UGT tampoco pone paños calientes. "Es una situación que está conduciendo a muchos servicios al públicos al colapso, especialmente a aquellos que son más sensibles en la actual situación como los Servicios Públicos de Empleo, el Fogasa o las oficinas de atención al público de la Seguridad Social", subraya Carlos Martínez, secretario general de AGE de la Federación de Servicios Públicos de UGT. A los sindicatos les escama particularmente que el Gobierno esté recurriendo al apoyo de externos, como los contratos con Tragsa para gestionar el Ingreso Mínimo Vital, cuando hay en torno a 4.000 personas que han superado su oposición y que únicamente esperan a que la Administración les asigne un destino específico.
Denuncian una absoluta falta de planificación en la política de recursos humanos de la Administración del Estado y una tendencia demasiado acusada a resolver con la contratación de interinos o la externalización de servicios las necesidades estructurales de plantilla de la Administración. El informe de UGT revela que desde el año 2010 la plantilla del Estado ha perdido cerca de una quinta parte de sus efectivos totales - más de 45.000 funcionarios - y que esta situación no parece tener visos de resolverse.
El Gobierno apenas ha convocado poco más de la mitad de las plazas incluidas en las ofertas de empleo público de 2018 y 2019 y se ha visto obligado a modificar la ley para impedir que miles de plazas de esas convocatorias caducaran sin haber sido cubiertas. La normativa estatal dispone que desde el momento en que se publica la oferta las Administraciones Públicas disponen de tres años para ocupar de manera efectiva las plazas ofertas, si eso no ocurre esas plazas se dan por amortizadas. La cosa pintaba tan mal tras la irrupción de la Covid-19 y la presión sindical fue tan fuerte que el Gobierno decidió modificar temporalmente la norma para darse un año más de margen para dar cobertura a esas plazas.
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