En la misma semana en que el Gobierno ha sacado adelante la esperada regulación del teletrabajo tanto en el ámbito privado como en el sector público el sindicato CSIF ha puesto en el punto de mira a cuatro ministerios del Gobierno por su incumplimiento del régimen actual del trabajo no presencial en el ámbito de la Administración del Estado. Los departamentos señalados son el Ministerio de Hacienda, de María Jesús Montero; el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, que dirige José Luis Escrivá; el Ministerio de Cultura y Deporte, de José Manuel Rodríguez Uribes, y el propio Ministerio de Función Pública y Política Territorial de Carolina Darias, a su vez el responsable de regular las condiciones del teletrabajo en la Administración, a los que el sindicato ha afeado una serie de maniobras para esquivar las condiciones acordadas entre el Gobierno y los representantes de los trabajadores el pasado mes de junio para regular el trabajo no presencial en la función pública durante el periodo de nueva normalidad en la última reunión del Comité de Seguimiento de este acuerdo, según una nota interna del sindicato a la que ha tenido acceso La Información.
La plataforma, que admite que la situación detectada en estos departamentos, supone una excepción dentro de un desarrollo adecuado del acuerdo en la mayoría de los ámbitos de la Administración. Al tiempo, denuncia la aparición de situaciones como intentos de incorporar al trabajo presencial a personal catalogado como vulnerable, que según el acuerdo de junio debe tener prioridad para el teletrabajo; o denegaciones arbitrarias de solicitudes de trabajo no presencial "sin estar justificado por motivos organizativos o de necesidades del servicio", llegándose incluso a rechazar peticiones de personas que han estado desarrollando durante meses sus tareas desde el domicilio y que ahora se les obliga a realizarlo de manera presencial.
Las quejas por estas interpretaciones demasiado restrictivas de la norma se unen además al hecho de que en muchos casos estas decisiones se han aplicado a espaldas de los representantes de los trabajadores y sin negociación previa alguna, en contra de lo dispuesto en la resolución del pasado mes de junio de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública, que constituye a día de hoy la principal referencia para el trabajo no presencial en los ministerios a la espera de que el Ministerio abra la negociación con los sindicatos para adaptar el acuerdo marco rubricado esta semana al ámbito de la Administración del Estado.
El asunto en principio no se va a quedar ahí, ya que esta próxima semana está prevista la celebración de una reunión de seguimiento del acuerdo entre el secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública, Francisco Hernández Spínola, con los subsecretarios de los ministerios del Gobierno en la que el sindicato espera que se pongan sobre la mesa las disfunciones denunciadas en la aplicación del mismo en los ministerios mencionados.
Cerca de 45.000 funcionarios del Estado, en teletrabajo
Varios meses después de la declaración formal por parte del Gobierno del estado de 'nueva normalidad', cerca de 45.000 funcionarios de la Administración Civil del Estado - alrededor de una cuarta parte de la plantilla - continúan en régimen de teletrabajo, según los últimos datos proporcionados a los sindicatos por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, en lo que supone toda una ratificación estadística de uno de los asertos más célebres de los últimos tiempos, el que dice que "el teletrabajo está aquí para quedarse".
Casi la mitad del personal del Estado que continúa en situación de trabajo no presencial lo está gracias a los derechos que se les reconocieron a los empleados públicos al principio de la pandemia. Según la información oficial proporcionada por el Gobierno, hay 9.014 funcionarios trabajando desde casa por ser personas especialmente vulnerable frente a la Covid-19; otros 9.202 trabajan desde casa porque así lo han solicitado para poder atender a sus hijos menores de 14 años; y hay otro grupo de 1.315 que trabaja desde casa para poder compatibilizar la actividad laboral con el cuidado de sus mayores. Los otros 24.000 funcionarios en situación de teletrabajo están en esa situación porque así lo han determinado los responsables de las unidades en las que trabajan de acuerdo con los sindicatos, ya sea por motivos operativos o de seguridad. Hay que recordar que hay muchas oficinas públicas que no han abierto al 100% de su capacidad para cumplir los protocolos de seguridad diseñados para contener la pandemia.
De los más de 10.500 empleados públicos que han solicitado el trabajo no presencial por cuidados familiares y les ha sido concedido, 6.665 son mujeres (alrededor del 63%), en tanto que los 3.808 restantes son hombres, un 37%. La diferencia es significativa pero menor a la que se aprecia en otros indicadores de brecha de género. Uno de cada cinco hombres en situación de trabajo no presencial lo ha solicitado por motivos de cuidados familiares; en tanto que entre las mujeres esa relación es de una de cada cuatro.
El último informe del Gobierno sobre el teletrabajo en la Administración del Estado revela también que hay 953 trabajadores públicos en casa bien por haber sido diagnosticados como positivos por Covid-19 o bien porque están guardando algún tipo de cuarentena como contactos cercanos de personas que se han contagiado.
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