Madrid, 13 ago.- Las principales asociaciones de profesionales de la Guardia Civil aplazarán hasta después del 3 de noviembre la manifestación que habían convocado para el próximo 1 de octubre, esperando así a que entre en vigor la ley orgánica que se lo prohíbe y conseguir que llegue al Tribunal Constitucional (TC).
Así lo han asegurado en un comunicado conjunto la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la Unión de Guardias Civiles (AGC), la Unión de Oficiales (UO) y la Asociación Profesional de Suboficiales (ASES), en el que previamente solicitan una reunión con el ministro de Interior, Antonio Camacho, para buscar "una salida al intento de cercenar derechos tan fundamentales como el de manifestación y la libertad de expresión".
Se refieren a la ley orgánica 11/2011, por la que se aplica a la Guardia Civil el artículo 13.1 de la ley de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, que prohíbe a estos organizar o participar en manifestaciones políticas, sindicales o reivindicativas.
La citada norma fue una consecuencia de una enmienda conjunta del PSOE y el PP a la Ley de Contratos Públicos en el sector de la Defensa aprobada el pasado 21 de julio en el Congreso.
"Si la vía del diálogo no da resultado, algo por desgracia más que probable, el conflicto estará servido", amenazan las asociaciones, que explican que dada la "alianza antinatural" entre el PSOE y el PP para esta ley, la única forma de abrir la vía del Constitucional es provocar una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
De esta forma, consideran que lo "adecuado" es aplazar la manifestación para después del 3 de noviembre, fecha en la que entrará en vigor la ley orgánica, y no el 1 de octubre como estaba inicialmente prevista.
Además, señalan que así presionarán más "en un momento preelectoral", puesto que hacerlo a "un Gobierno que se encuentra prácticamente en funciones, poca utilidad podría tener en cuanto a obtener resultados tangibles".
El comunicado indica que representantes de las cuatro asociaciones acudirán "de uniforme" el próximo 22 de septiembre a una misa en una iglesia de Madrid para, basándose en la "libertad religiosa", realizar otra serie de peticiones necesarias para los agentes y sus familias, aunque no especifican cuáles.
También reforzarán los actos públicos de recogidas de firmas para denunciar su situación, "la discriminación y el abuso" a los que se sienten sometidos
Por otra parte, denuncian que algunos de los representantes de las asociaciones "están siendo observados por los mandos responsables de la Dirección General, zonas y comandancias, bajo el cristal de una lupa" y "expedientados disciplinariamente a la menor oportunidad", por lo que aseguran que ya estudian emprender acciones judiciales contra determinados mandos "que indiciariamente podrían ser susceptibles de responsabilidad penal".
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