La Generalitat de Cataluña ha resuelto, a golpe de decreto ley, hacer frente al pago de las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas a los presos del procès indultados. La portavoz del Govern, Patricia Plaja, ha anunciado este martes que el Ejecutivo catalán ha aprobado crear un Fondo Complementario de Riesgos dotado con 10 millones de euros para cubrir las fianzas que reclama el Tribunal de Cuentas a 34 cargos y excargos de la Generalitat catalana, por la acción exterior desempeñada entre 2011 y 2017
En rueda de prensa tras el Consell Executiu, acompañada de la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, y el conseller de Economía, Jaume Giró, ha explicado que este fondo "tiene como principal objetivo proteger a todos los servidores públicos en el legítimo ejercicio de su cargo". Vilagrà ha asegurado que servirá para "cubrir los elementos de indefensión que en estos momentos afectan a servidores y altos cargos" de la Generalitat, en alusión a la causa del Tribunal de Cuentas.
"No es un aval directo", ha asegurado en rueda de prensa el conseller de Economía, Jaume Giró. El conseller ha defendido la "solidez jurídica" de este mecanismo y ha descartado que se pueda acusar a la Generalitat de malversación por auxiliar a los 34 dirigentes del "procés" a quienes el tribunal administrativo reclama fianzas por un importe total de 5,4 millones de euros porque en ningún momento habrá "desplazamiento patrimonial".
El funcionamiento, ha desgranado, se asemejará al de un seguro privado y será una entidad financiera -aún por concretar, el Govern está conversando con varias- quien avale las mencionadas fianzas, con un contraaval de la Generalitat. El dinero no se transferirá hasta que haya una sentencia firme que lo exija y se hayan agotado todas las vías de recurso "nacionales e internacionales"; llegado ese punto, "el beneficiario deberá devolver el dinero, los intereses y las costas a la administración".
A preguntas de los periodistas, Giró ha aclarado que los diez millones disponibles para el contraaval saldrán de los presupuestos de la Generalitat, aunque no ha especificado de qué partida en concreto: "Lo estamos viendo" (...) "Hay muchas cajitas", ha dicho en alusión a las diferentes partidas presupuestarias. Hasta que la Generalitat encuentre a una entidad financiera, el Institut Català de Finances asumirá la comisión gestora del fondo, pero Giró ha remarcado que este únicamente actuará como comisión gestora del fondo, pero no gestionará el aval, sino que este rol corresponderá a una entidad financiera.
Las reacciones no se han hecho esperar. El portavoz de los comunes en el Parlament, David Cid, ha defendido que la decisión del Govern ante las fianzas requeridas por el Tribunal de Cuentas a excargos de la Generalitat tengan una "base jurídica real, para no hacer que el remedio sea peor que la enfermedad". Cid ha pedido que la decisión esté "sustentada jurídicamente y que no acabe siendo una solución basada en propuestas sin posibilidad de prosperar", y que no esté vinculada a discusiones entre ERC y Junts.
Por su parte, el portavoz de Cs en la Cámara catalana, Nacho Martín Blanco, ha avisado de que "si es necesario" recurrirán a la Justicia si la Generalitat paga las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas. "Es inadmisible que el Govern haga pagar otra vez a los catalanes por los excesos de los partidos independentistas", ha lamentado, y ha acusado al Govern de querer salvaguardar la economía de sus compañeros y predecesores.
Desde la CUP su diputada en el Parlament Laia Estrada afirma que a la formación anticapitalista le parece "bien" "cualquier fórmula que se use para garantizar que la Generalitat avala, pero advierte, no obstante, de que el Govern tiene que evitar "que se produzcan situaciones en las que haya represaliados de primera y de segunda". Estrada ha insistido en que una de las tareas pendientes que tiene la Generalitat es "dejar de ser acusación" contra los activistas independentistas, como fue el caso de Marcel Vivet, condenado a cinco años de cárcel el pasado mes de junio.
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