El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y las comunidades autónomas han aprobado el Acuerdo para mejorar la calidad de las residencias y el Sistema de Atención a la Dependencia, gracias al cambio del sentido de voto de Extremadura, que ha votado a favor después de su rechazo inicial en el anterior Consejo Territorial de hace un mes. Según han revelado a Europa Press fuentes conocedoras de la reunión, el Acuerdo ha contado con el voto a favor de Extremadura (que en la anterior reunión mostró su rechazo), Canarias, Navarra, Valencia, Asturias, La Rioja, Baleares, Cantabria, Aragón y Melilla.
Por su parte, no han cambiado su sentido de voto, y se han manifestado en contra: la Comunidad de Madrid, Galicia, Castilla y León, Andalucía, Murcia, la ciudad autónoma de Ceuta (presididas por el PP), Castilla-La Mancha (presidida por el PSOE), País Vasco y Cataluña. Así lo han acordado durante la reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, dando luz verde al cambio de modelo de cuidados impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
La nueva estrategia, que fija un plazo de transición hasta 2030, plantea impulsar la teleasistencia y la atención a domicilio para los mayores para que puedan permanecer con apoyos, si así lo desean, el mayor tiempo posible en sus domicilios. Para los que decidan vivir en residencias, propone modelos similares a hogares y eleva el ratio de profesionales por usuario. Así, las que ya existan deberán reorganizarse en "unidades de convivencia" de un máximo de 15 personas, con un espacio común que permita preparar comidas y disponer de comedor y sala de estar.
Los nuevos centros que se construyan deberán además respetar un máximo de plazas (120 en residencias en zonas urbanas de alta densidad y 75 plazas en zonas rurales o escasamente pobladas) y contar con al menos un 65% de habitaciones individuales. El nuevo modelo ha contado en este proceso de negociación con la oposición de las patronales de residencias, que consideran que va a reducir las plazas y elevar los costes para el usuario, y reprochan al Gobierno la ausencia de una memoria económica que justifique las nuevas estructuras de la atención a mayores y dependientes.
La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha asegurado que se siente "especialmente satisfecha" de haber logrado "uno de los acuerdos más importantes de esta legislatura". "Tras mucho tiempo de negociación y de trabajo, hemos aprobado un acuerdo par mejorar la calidad de las residencias y de todo el Sistema de Atención a la Dependencia. Como todos los pactos importantes ha requerido muchas horas de diálogo, pero finalmente lo hemos logrado de la mano de las CCAA", ha destacado Belarra.
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