El Gobierno y las comunidades autónomas están a punto de llegar a un acuerdo para incrementar el número de trabajadores tanto en residencias como en centros de día. Tras varias semanas de tira y afloja, las administraciones coinciden en que es necesario incrementar los ratios de personal en unos lugares especialmente castigados durante la pandemia. Con esta decisión se sientan las bases del futuro sistema nacional de cuidados, uno de los aspectos del Plan de Recuperación.
Según la propuesta del Gobierno, a la que ha tenido acceso La Información, en las residencias para personas mayores se alcanzará en 2029 una ratio de tres profesionales de atención directa de primer nivel por cada siete personas residentes (una media de 0,43 residentes por profesional). En los centros residenciales para personas con discapacidad, por su parte, hará antes de 2030 un profesional por cada dos personas residentes, lo cual supone una mejora significativa.
En cuanto a la atención directa en su conjunto, en residencias para personas mayores al finalizar 2029 tendrá que haber un profesional por cada dos personas resientes (0,51) y en los centros para personas con discapacidad, cuatro profesionales por cada siete residentes (0,58).
El incremento del número de trabajadoras y trabajadores en atención residencial y en centros de día supondrá la creación, según los cálculos del Gobierno central, de más de 34.000 empleos en la atención directa de primer nivel (personal gerocultor, cuidadoras y cuidadores, educadoras y educadores) y de segundo nivel (personal de psicología, fisioterapia, enfermería, trabajo social, entre otros).
En concreto, se prevén crear 21.071 empleos en las residencias progresivamente hasta diciembre de 2029 y 13.223 empleos en centros de día. El objetivo es blindar el sistema de cuidados de los mayores y dependientes y, a la vez, ofrecer oportunidades profesionales. Para realizar los cálculos, el Gobierno ha considerado que el número de personas atendidas mediante resoluciones de atención residencial y de centro de día permanecerá constante.
Este documento tendrá que votarse en el próximo Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia que está previsto para los últimos días de junio.
Incremento de la financiación
La financiación de la Administración central a la dependencia se ha ido incrementando progresivamente a lo largo de esta legislatura. De 1.390 millones de euros en 2020 se ha pasado a 2.629 millones en 2022. Es decir, se ha doblado este gasto coincidiendo, además, con la pandemia.
En estas cifras no se incluye la financiación de los convenios especiales de Seguridad Social de las personas cuidadoras no profesionales ni la financiación transferida a las CCAA como parte del Componente 22 “Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión” de los Fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
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