Gobierno catalán abordará mañana su adhesión al Fondo de Liquidez Autonómico

Barcelona, 27 ago.- El gobierno catalán se reunirá mañana por primera vez tras el paréntesis veraniego con su adhesión al Fondo de Liquidez Autonómico como principal asunto de debate en el plano económico.

En las últimas semanas, diversos consellers han apuntado a esta primera reunión del Consell Executiu después del verano como fecha probable para solicitar la adhesión a este fondo, pero el Govern quiere conocer todos los detalles y las condiciones de este fondo, por lo que la petición formal puede demorarse.

El decreto-ley de medidas de liquidez de las administraciones públicas y en el ámbito financiero, que regula la puesta en marcha de este fondo y que se aprobó en julio, regula los pasos para concretar esa adhesión.

En primer lugar, Cataluña debería solicitar la adhesión, luego el Ministerio de Hacienda acepta o no la petición y, a continuación, la comunidad debería aprobar un acuerdo de su consejo de gobierno "en el que conste su voluntad de adhesión al mecanismo y el compromiso de cumplir lo dispuesto" en dicho real decreto.

El gobierno catalán, que no ha precisado cuántos millones de euros pedirá prestados, no tiene más remedio que usar este recurso, ya que afronta vencimientos en el segundo semestre por 5.755 millones de euros, entre los que destaca la emisión de bonos minoristas que vence en noviembre.

Sin embargo, el Govern quiere garantizar que el Gobierno respeta su autonomía financiera y evitar la imagen pública de una comunidad 'rescatada' en la práctica.

En cualquier caso, el redactado del decreto-ley evidencia que el Ministerio de Hacienda, que ya dispone de la ley de estabilidad presupuestaria para controlar de cerca las cuentas de las autonomías, llegando incluso a intervenirlas, tendrá aún una mayor capacidad de tutela sobre las finanzas de la Generalitat con este fondo.

Y es que dicho decreto-ley, publicado en el BOE a mediados de julio, deja claro que el Estado gestionará el pago de los vencimientos de deuda pública de la Generalitat a través del ICO, o bien que "los recursos del sistema de financiación de cada comunidad de régimen común responderán de las obligaciones contraídas con el Estado con ocasión de la utilización del mecanismo regulado" en este decreto-ley.

Asimismo, cada comunidad que quiera adherirse al fondo de liquidez deberá modificar su plan de ajuste para asegurar el cumplimiento de sus objetivos de estabilidad y deuda pública, y deberá dar cuenta periódicamente de sus movimientos de tesorería, entre otros requisitos.

El decreto incluso prevé que "cuando la Intervención General de la Administración del Estado envíe una misión de control", el "órgano interno" de la comunidad autónoma le facilitará el acceso a "la totalidad de la documentación" que requiera.

Cataluña es actualmente la comunidad más endeudada de España, con una deuda que supera los 42.000 millones (el 21 % de su PIB), y debe ajustar el déficit del 3,9 % con el que cerró 2011 al 1,5 % del PIB a finales de este año.