Gobierno niega que las tasas vayan a suponer la privatización de la justicia

Madrid, 23 nov.- El secretario de Estado de Justicia, Fernando Román, ha negado hoy rotundamente en el Senado que las tasas judiciales vayan a suponer la privatización de la Justicia, tras recibir las críticas del PSOE, la Entesa y el grupo mixto por "el repago del tasazo".

Así lo ha expresado durante una comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Senado en relación con el proyecto de ley de cuentas del Estado para el próximo año.

El portavoz socialista Arcadio Díaz Tejera ha indicado que el Ministerio de Justicia tendrá que hacer política judicial el próximo año con 264 millones de euros y ha apuntado que la razón de ser de las tasas judiciales es el "afán" para recaudar 500 o 600 millones de euros.

Con el "repago del tasazo", el servicio público de la justicia será cada vez más privado porque cada vez serán menos los que podrán acudir a un tribunal para resolver sus conflictos, ha dicho Díaz Tejera.

El senador socialista ha censurado que a cientos de miles de españoles de la clase media se les obligue a resolver sus conflictos fuera del ámbito del Estado y del Derecho, en "una especie de ruptura del contrato social".

Por su parte, Román ha negado rotundamente "la privatización del sistema de justicia" y "el afán recaudatorio" de la nueva ley de tasas judiciales.

El secretario de Estado ha apostado por "racionalizar" el sistema de justicia en un momento de crisis económica y ha agregado que no todo conflicto entre personas tiene que ser resuelto por un juez, sino solo lo más importante.

"No vamos buscando 500 o 600 millones de euros, sino que el objetivo es recaudar 306 millones, vinculados a la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita", ha asegurado.

El objetivo es que nadie que no tenga recursos económicos se vea impedido de acudir a la justicia, según el secretario de Estado, quien ha defendido la constitucionalidad de las tasas judiciales.

La senadora del PP Silvia Franco ha insistido en que "no hay ningún riesgo de privatización de la justicia" y ha defendido su financiación a través de los presupuestos y la transferencia a los usuarios de un 10 por ciento del coste del servicio público, a través de las tasas.

Ha abogado por examinar esta medida "con grandes dosis de racionalidad", con las exenciones previstas, y ha resaltado que no hay ningún riesgo de privatización de la justicia que seguirá siendo un servicio público para todos.

Por parte de la Entesa, el senador Rafael Bruguera ha opinado que el Ejecutivo ha conseguido que todos los operadores jurídicos estén manifestándose en contra de la ley de tasas judiciales, lo que, a su juicio, debería llevar al Gobierno a reflexionar y rectificar.

En nombre del grupo mixto, el senador Jesús Iglesias ha apuntado que "tasar la justicia es tasar los derechos", al tiempo que ha considerado que las tasas judiciales suponen un obstáculo para el acceso a la justicia e incurren en riesgos jurídicos y constitucionales.