La ampliación de capital de la constructora Urbas, por la que sus principales gestores están imputados en la Audiencia Nacional por los delitos de estafa, contra el mercado y los consumidores así como administración desleal, contó con el aval de un informe de Grant Thornton. El socio de la auditora que lo elaboró, Alfredo González Olmo, ya ha declarado como querellado en la causa. Y se ha desvinculado del fraude ante el juez. González del Olmo ha señalado que redactó ese documento solo con la información que le facilitó Urbas y ha asegurado que las tasaciones presuntamente infladas que dio por buenas procedían de tasadoras acreditadas.
Olmo recibió el encargo de Urbas de valorar la aportación de capital no dineraria con la que se efectuó esa ampliación de capital, una valoración por experto independiente que exige en estos casos el artículo 67 de la Ley de Sociedades de Capital. Esa operación consistió en la adquisición por parte de la promotora alcarreña de la sociedad Aldira Inversiones Inmobiliarias -una firma en la que participaban varios miembros del consejo de administración de Urbas- y se valoró en 384,5 millones de euros.
Según la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF, dependiente de Hacienda) y la Intervención General del Estado (Igae), el valor real de esta última sociedad se hinchó artificialmente al sobrevalorar de manera "irracional" su patrimonio inmobiliario. Pero el informe de Grant Thornton como experto independiente, no puso ninguna pega.
Valoración "razonable"
El documento firmado por González Olmo, entregado el 26 de mayo de 2015, solo cuatro días después de que el consejo de Urbas diera el primer paso para incrementar su capital, llegaba a la siguiente conclusión: "Los criterios de valoración utilizados por la dirección de Urbas para determinar el valor de las participaciones de Aldira son razonables y los valores a los que estos conducen se corresponden, de manera razonable, con el valor nominal más la prima de emisión a emitir por Urbas como contrapartida en el aumento de capital".
Los criterios que a Grant Thornton le parecieron entonces "razonables", para la ONIF, la Igae y la Fiscalía Anticorrupción eran "completamente irracionales y opuestos a la verdad". Tanto el informe para justificar la ampliación redactado por el consejo de Urbas como el firmado por González Olmo "tuvieron como única finalidad justificar la ampliación de capital con pleno conocimiento del engaño que incluían", según mantuvo Anticorrupción en su querella y el juez instructor del caso, el titular del Juzgado Central 4 de la Audiencia Fernando Andreu, en el auto por el que inició su investigación el pasado 26 de julio.
Fuentes del caso aseguran que el socio de la auditora, durante su declaración como imputado, ha negado que participara del fraude que se investiga. González Olmo ha mantenido que su actuación en el caso de Urbas fue diligente y ha asegurado que expresó su parecer basándose únicamente en la documentación que previamente le había facilitado la promotora. Respecto a su aval a las tasaciones supuestamente infladas, aseguró que no las puso en cuestión al proceder de compañías tasadoras debidamente acreditadas.
Tasaciones caducadas e ilegales
La querella de Anticorrupción, sin embargo, sostiene que la mayoría de esos informes de tasación se encontraban caducados en el momento de aprobar la integración de Aldira Inversiones Inmobiliarias en Urbas y que en la valoración de las fincas e inmuebles a los que se referían, no se siguieron los criterios legalmente establecidos. En la misma fecha en que Grant Thornton firmó su informe se incorporaron al activo de Urbas inmuebles por importe de 11,2 millones de euros que habían sido adquiridos ese mismo día por 562.240 euros.
Además de González Olmo, en el caso están imputados el presidente de Urbas, Juan Antonio Ibáñez, y los consejeros y directivos Juan Antonio Acedo, José Antonio Bartolomé, José Humberto Ávila, Julia María Moreno, Álvaro Rodríguez-Sampedro, Iván Arias Guijarro, Luis Ramos Atienza, José Manuel Arrojo y Tomás Alarcón. Todos ellos declararán en la Audiencia Nacional en los próximos días.
A todos se les acusa de urdir la ampliación de capital supuestamente inflada con el único objetivo de lucrarse. Porque la mayoría de ellos, además de administrar Urbas, también participaban en el accionariado de Aldira, la sociedad cuyo patrimonio se incorporó a la primera con un valor superior al real. Con ella, además, éstos aumentarían su poder de decisión en la compañía en detrimento del resto de accionistas de la cotizada.
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