La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil concluye, en un informe dirigido a la juez del caso Erial sobre el cual se acaba de levantar el secreto, que Zaplana construyó una trama para cobrar “colaboraciones” a empresarios a cambio de favores en diversos procedimientos administrativos.
El caso Erial, en el que está imputado el expresident y exministro Eduardo Zaplana junto a otros, se abrió para investigar el supuesto cobro de 10,5 millones de euros en comisiones derivadas de las concesiones de ITV y parques eólicos en la Comunitat Valenciana, lo que podría constituir delitos de cohecho, blanqueo de capitales, malversación y prevaricación.
La juez del caso declaró secreta una pieza de la investigación, y esta medida ha sido levantada este miércoles, de modo que han salido a la luz algunos de los elementos en los que basa las imputaciones la magistrada, entre los que destacan las conclusiones de un informe de la Guardia Civil que apunta directamente a Zaplana como líder de una trama de cobro de comisiones.
Este informe se sostiene en buena medida en los documentos que la Guardia Civil halló durante la entrada y registro practicada en el domicilio particular de Juan Francisco García Gómez, exjefe de gabinete del expresident de la Generalitat.
El informe concluye, a partir de diferentes indicios, que Zaplana y su jefe de gabinete, Juan Francisco García, crearon una trama que otorgó “beneficios en los procedimientos administrativos” a determinados empresarios.
Ellos, a cambio, favorecieron “intereses particulares”, a través del pago de “colaboraciones”, es de suponer que comisiones económicas, al propio expresident, a su jefe de gabinete y a otros “cargos públicos de la Comunidad Valenciana que, en muchos de los casos, habrían sido nombrados por el propio Eduardo Zaplana”.
Así, el informe señala "la aparente subordinación de procedimientos administrativos de diversa índole a intereses particulares, ajenos a los intereses generales que deben regir la función pública".
El informe aporta diferentes documentos que, a su juicio, son "de un excepcional valor probatorio en relación a los hechos que se investigan en la presente causa. Ello por tratarse de documentos dirigidos entre dos de los principales investigados, en una fecha cercana a los hechos que en origen se investigan y, por otro lado, por ser el objeto de varios de estos documentos una de las licitaciones investigadas: el Plan Eólico de la Comunidad Valenciana (PECV)".
Así, los documentos aportados apuntan a "una instrumentalización del PECV que supuestamente habría generado beneficios económicos —directos o indirectos- a Eduardo Zaplana y Juan Francisco García".
Más allá de esta operación concreta, y "de forma general e intentando aglutinar las diferentes operativas descritas", el informe apunta a una "dinámica de funcionamiento consistente en la materialización de colaboraciones por parte de determinados empresarios -cuyos beneficiarios serían algunos cargos públicos de forma directa o indirecta- y, como consecuencia de estas colaboraciones, la obtención de beneficios en procedimientos administrativos diversos y de diversa naturaleza”.
“También parece desprenderse del contenido de estos documentos que habrían tenido un papel fundamental en la materialización de estos beneficios Eduardo Zaplana y Juan Francisco García, si bien habrían contado con diversos cargos públicos de la Comunidad Valenciana que, en muchos de los casos, habrían sido nombrados por el propio Eduardo Zaplana”, añade.
Intento de blanqueo
El informe se extiende después en la petición de diversas medidas para investigar y añade luego una serie de documentos adjuntos, en algunos de los cuales se concreta, además, la existencia de indicios que apuntan a cómo el dinero cobrado supuestamente de forma ilegal, podría haberse tratado de blanquear.
Así, por ejemplo, el informe señala, en uno de los documentos anexos, centrado en la investigación de la vinculación de Zaplana con una estructura societaria creada para canalizar fondos de procedencia ilícita, que existen indicios "de especial relevancia" contra él en este sentido.
Concretamente, la Guardia Civil señala el nexo existente entre la compañía luxemburguesa Imison International y la mercantil Nuevo Sol Granadella, radicada en España, a través de otra mercantil, la holandesa Natland. Esta relación es convergente con la de Zaplana con el empresario Carlos Gutiérrez Mondedeu.
El informe identifica una relación entre Zaplana y y Mondedeu que permitió que, "aparentemente, a través de diferentes sociedades vinculadas a Carlos Gutiérrez" se hicieran pagos cuyo beneficiario habría sido, entre otros, Eduardo Zaplana. Es decir, que desde la empresa de Mondedeu, a donde habían ido dirigidos fondos de las anteriormente citadas, se pagó dinero a Zaplana, según los indicios.
La UCO implica al exconseller Castelló
La Guardia Civil considera que el ex conseller de Industria y Comercio de la Generalitat valenciana, Fernando Castelló, tuvo un "papel activo" en 2002 en una supuesta trama liderada por el expresident Eduardo Zaplana para obtener beneficios económicos de la concesión del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana (PECV) a empresarios afines.
En síntesis, la Guardia Civil pide a la juez que autorice registros y otras iniciativas dirigidas contra Castelló porque le adjudica protagonismo en una operación, que los sospechosos denominan Transvia, y que la Guardia Civil sospecha que pueda ser una tapadera de la trama relacionada con el PECV.
Y también porque han examinado empresas vinculadas al ex alto cargo en las que se han producido pagos por 300.000 euros, pero que muestran una “aparente inactividad al margen de estos pagos, ausencia de trabajadores y una aparente ausencia de gastos de funcionamiento”.
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